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La Audiencia de Barcelona rechaza alargar la cárcel al «violador del Valle Hebrón».

31 de julio de 2007

La Audiencia de Barcelona ha rechazado aplicar la «doctrina Parot» -que restringe los beneficios penitenciarios- al llamado «violador del Valle Hebrón», condenado en 1994 a 311 años por agredir a 16 mujeres en el citado barrio barcelonés y que saldrá a la calle el próximo 22 de septiembre tras pasar 16 años en la cárcel. Según los psicólogos del centro penitenciario, el riesgo de reincidencia «es muy alto».

ABC.ES (MARÍA JESÚS CAÑIZARES).- Tras la alarma social provocada por la reciente salida de otro agresor múltiple no rehabilitado, «el segundo violador del Ensanche», la Fiscalía de Cataluña solicitó que se ampliara la estancia en prisión de José Rodríguez Salvador, quien ha logrado redimir su condena asistiendo a clases de yoga y de defensa personal en la cárcel. La acusación pública invocó la doctrina aplicada por el Tribunal Supremo en 2006 al etarra Henri Parot, consistente en establecer un nuevo límite máximo de cumplimiento de condena que alcance los 30 años de prisión en lugar de los 20 previstos hasta ahora.

La abogada que representa a las víctimas de este violador se sumó a la petición del ministerio público, argumentada principalmente en el informe elaborado por el psicólogo del programa SAC (control de agresores sexuales) de la cárcel de Cuatro Caminos. Según este experto, el interno «presenta un perfil psicológico que implica un riesgo de reincidencia futura muy alto». Sin embargo, la Sección Quinta de la Audiencia, que juzgó a Rodríguez Salvador, ha desestimado la petición de la Fiscalía al considerar que con esa revisión de condena «esta sala no sólo estaría quebrantando muy sensible e importantísimos valores y principios constitucionales propios de un Estado Social y Democrático de Derecho como es el nuestro, sino que el tribunal también estaría directamente más cerca de la pura arbitrariedad que de otra cosa». El auto añade que «un tribunal de justicia como éste no puede hacer lo que le apetece, ni puede deducir por su cuenta y riesgo lo que conviene social o políticamente, pongamos por caso, a un supuesto interés público o general; lo que tiene que hacer es aplicar la ley».

El tribunal explica en su resolución que, tras la entrada en vigor del Código Penal de 1995, se abrieron sendos procesos de liquidación de condena en diciembre de 1998 y marzo de 1999 en los que la Fiscalía expresó su conformidad y no presentó recurso. «Hablamos de resoluciones intocables y no de mera o novedosa interpretación jurídica o de aplicación de una determinada doctrina jurisprudencial», indica la Sección Quinta, que precisa que la «doctrina Parot» fue adoptada por el Supremo como consecuencia de un recurso a una resolución de la Audiencia Nacional que no era firme.

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