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"Algunas reflexiones críticas sobre medidas de seguridad y salud mental penitenciaria" - Conclusiones del curso sobre "El Juez de Vigilancia y las medidas de seguridad" organizado por el CGPJ

18 de julio de 2007

Reflexiones conclusivas del curso sobre "El Juez de Vigilancia y las medidas de seguridad" organizado por el Consejo General del Poder Judicial en junio de 2007 y dirigido por Monteserrat Navarro García (Magistrada-Juez de Vigilancia Penitenciaria) y José Luis Segovia Bernabé (Jurista-Criminólogo).

CORREO DERECHO PENITENCIARIO.-

ALGUNAS REFLEXIONES CRITICAS SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD MENTAL PENITENCIARIA

La existencia de la medidas de seguridad en nuestro ordenamiento jurídico constituye un avance sobre el sistema de vía única en el régimen de las consecuencias jurídicas del delito y una forma más modulada de dar respuesta a determinado perfil de infractores con patologías mentales, adicciones o severas carencias educativas.

Tan laudable finalidad se ve, no obstante, seriamente comprometida, cuando no imposibilitada, por la concurrencia de determinadas circunstancias en dos órdenes: en el de la idoneidad de los dispositivos socio-sanitarios específicos (por su neta inadecuación) y en el estrictamente legal (por no disponer de un marco normativo integrado, coherente, no ambiguo, con clara definición competencial)

En efecto, causa estupor verificar que más de 20 años después de la reforma psiquiátrica en España, la red sanitaria del Estado central y periférico carezca, en términos generales, de dispositivos suficientes para la prevención, la detección, el tratamiento y el seguimiento adecuado de las enfermedades mentales. Genéricamente, la atención a la salud mental de los ciudadanos, especialmente a los enfermos crónicos, es claramente deficitaria. Sin duda alguna, una importante inversión en este sector de la sanidad tendría evidentes consecuencias en el orden de la prevención de los delitos por parte de los enfermos mentales y constituiría un avance en la efectividad del derecho a la salud entendida en su sentido más integral.

Más en concreto, por lo que atañe al objeto del curso que hemos dirigido, resulta intolerable que los Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios, debido a su falta de personal especializado, la prácticamente nula formación específica del funcionariado de vigilancia, la muy deficiente atención médico psiquiátrica, la ausencia de una intervención terapéutica individualizada y a la carencia de programas e infraestructuras se vean en la imposibilidad material de cumplir las finalidades legalmente asignadas, constatándose, en algunas ocasiones, resultar ser paradójicamente contraproducente remitir a estos centros especializados a determinados infractores que podrían cursar más favorablemente en un centro penitenciario convencional. La neta supremacía de lo penitenciario sobre lo sanitario, en un modelo caracterizado por la insuficiencia de recursos especializados en los Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios deviene en un auténtico fraude de etiquetas y en un dato de realidad que reclama de los poderes públicos una urgentisima e inaplazable intervención.

En el curso hemos constatado le necesidad de incrementar el diálogo entre las ciencias jurídicas y la psiquiatría, así como la conveniencia de contar siempre con un asesoramiento forense especializado que permita cumplir la función jurisdiccional con mayor precisión. Se demanda de los psiquiatras forenses que señalen en sus informes tanto el criterio psicopatológico (con referencias explícitas al DSM-IV o al CIE-10) como el médico legal. Especialmente conveniente se ve la creación de protocolos de actuación que permitan una intervención coordinada entre el órgano judicial, los dispositivos socio-sanitarios especializados y las fuerzas de seguridad en las situaciones de crisis padecidas por los enfermos mentales. Ello permitirá una actuación más eficaz protegiendo al propio enfermo, aliviaría la angustia e impotencia de sus familiares y, a la postre, prevendría delitos.

En el orden normativo, hemos constatado la falta de integración y coherencia de las normas referidas a las medidas de seguridad. Las lagunas legales, ambigüedades y contradicciones provocan serios problemas de interpretación material, planteando no poca incertidumbre procesal e importantes conflictos de competencia que acaban por generar inseguridad jurídica y efectos no deseados al justiciable que puede verse desatendido en sus derechos y "peloteado" de unos órganos a otros.

En particular, destacamos la inexistencia de un marco reglado para el régimen disciplinario, la ausencia de un régimen específico de grados tratamentales, permisos, etc. Todo ello genera, una vez más, una indeseable inseguridad jurídica que vuelve a los penados con patología mental de peor condición que el resto de la población reclusa. Igualmente, provoca en los mismos enfermos internos, en los trabajadores penitenciarios y en quienes ejercen la función jurisdiccional una situación ambivalente y equivoca de indefensión.

En todo caso, sería deseable que, como el resto de las personas privadas de libertad, los enfermos mentales en prisión pudiesen permanecer cerca de su residencia habitual, evitando el desarraigo, facilitando el régimen de comunicaciones con sus familiares (que debería ser similar al acceso a un hospital convencional) y permitiendo una más eficaz coordinación entre los recursos penitenciarios, los públicos y los comunitarios de manera que se obtuviese una mayor calidad de vida para el paciente, una más efectiva adhesión al tratamiento y una mejor contención y neutralización de los eventuales peligros que podría representar.

El curso ha resultado muy rico en participación y en debates multidisciplinares. No vamos a reiterar las múltiples cuestiones técnicas aportadas por los ponentes. Mencionaremos que se han discutido cuestiones como las medidas de seguridad post-penales, la ausencia de medidas de seguridad cautelares, los tratamientos involuntarios en régimen ambulatorio por indicación de salud de o de puesta en peligro de derechos a terceros, o diversas problemas de interpretación legal por las razones antedichas. Hemos de reseñar las aportaciones procedentes del campo de la psiquiatría en cuestiones como el diagnóstico diferencial y tratamiento de las diversas patologías mentales, o los éxitos crecientes habidos en el tratamiento de las diversas adicciones cuando se coordinan bien los dispositivos. Finalmente se han analizado experiencias internacionales, como la implantación de los Juzgados de Ejecución de Penas de Oaxaca (México), la custodia de seguridad alemana, o la Mental Health Court y las Drug Courts de los EEUU, experiencias éstas últimas en materia de la llamada Justicia terapéutica.

Se ha destacado por buena parte de los participantes que el sistema penal se va convirtiendo en el principal suministrador de pacientes a la red asistencial en materia de salud mental y adicciones, por lo que constituye a los órganos judiciales en observadores privilegiados de las disfunciones existentes.

Concluyendo, podemos afirmar que buena parte de los problemas planteados se vería solucionada mediante las oportunas reformas legales que clarificasen el régimen de las medidas de seguridad y a través de importantes inversiones en materia de salud mental extra e intra penitenciariamente. Por último, haciendo autocrítica, sería deseable por parte de jueces, fiscales y abogados una mayor sensibilidad y compromiso con esta durísima realidad, así la articulación de protocolos de actuación coordinados con otros actores sociales que garantice el derecho a la salud a que todos los ciudadanos tienen derecho, estén o no privados de libertad.

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