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Siete provincias andaluzas superan la media de presos por Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que aconseja el CGPJ

13 de julio de 2007

Sevilla, Málaga, Huelva, Granada, Córdoba, Cádiz y Almería superan la media de mil reclusos por cada Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que aconseja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), informó hoy el parlamentario autonómico de IU por Málaga Antonio Romero.

RADIO GRANADA.- Las cárceles de Sevilla contabilizan 2.050 reclusos (105 por ciento más de lo recomendado por el CGPJ); Málaga acoge a 1.754 reclusos (un 75,4 por

ciento más de lo aconsejado); Huelva, a 1.737 (un 73 por ciento más); Granada, a 1.707 (70,7 por ciento más); Córdoba, a 1.702 (72 por ciento más); y Almería, a 1.107 presos.

En la provincia de Cádiz, Algeciras, con 1.750 internos, y el Puerto de Santa María, con 1.193, también rebasan el número aconsejado por el CGPJ.

En Andalucía hay un total de 14.301 personas presas y, con 170 reclusos por cada mil habitantes, supera la media nacional, que asciende a 117, destacó Romero en rueda de prensa.

IU reclama a la Consejería de Justicia que cree nuevos Juzgados de Vigilancia Penitenciaria ya que, según la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en 2006 se contabilizaron "más de 37.000 asuntos que los reclusos dirigieron" a estos órganos judiciales.

El representante de IU aseguró que la carencia de este tipo de juzgados que se encargan de excarcelaciones, cambios de grado, liquidación de condena o permisos, el exceso de internos y los colapsos hacen que "no se atienda a tiempo y de forma adecuada los derechos de los presos en las cárceles andaluzas".

Asimismo, el parlamentario denunció el incumplimiento de los dos convenios acordados entre la Junta de Andalucía y la Administración central, tanto el de sanidad, firmado en marzo de 1992, como el de servicios sociales para personas con discapacidad internadas en centros penitenciarios andaluces, suscrito en mayo de 2006.

Por ello, IU firmó la semana pasada una proposición no de ley para que se desarrollen servicios sociales a las personas discapacitadas privadas de libertad.

Este partido insta a la Junta a elaborar memorias anuales, a prestar programas específicos para el tratamiento de los enfermos mentales en prisión, a crear recursos sociales, ocupacionales y médicos para cubrir necesidades de los internos y a financiar proyectos de prevención en barriadas marginales, entre otros asuntos.

"Los presos están privados de libertad pero no de ningún otro derecho como seres humanos, como es el derecho a la asistencia sanitaria", argumentó Romero.

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