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Cuatro de los seis médicos de la prisión de Mansilla se jubilan antes de un año

14 de mayo de 2019

SANIDAD El sindicato de Medicina Penitenciaria denuncia que los sanitarios de las cárceles cobran un 35 % menos de media que en Atención Primaria pese al riesgo de su actividad diaria

LANUEVACRONICA.COM (SERGIO JORGE).- El centro penitenciario de Mansilla de las Mulas tiene actualmente seis médicos, que dependen del Ministerio del Interior, pero cuatro de ellos se jubilarán en menos de un año, una tendencia que se está produciendo en toda España y que provoca que se corra el riesgo de un «colapso» en las cárceles de todo el país, según han denunciado sindicatos como CCOO o la Plataforma de Sanidad Penitenciaria, que alerta además de las condiciones económicas que soporta este colectivo (donde también se incluye el personal de enfermería, de farmacia y auxiliares) pese al peligro de sus actividades diarias.

Según especifica el portavoz de esta asociación, Adolfo Rodríguez, «no hay personal suficiente», puesto que se está produciendo «un desmantelamiento silencioso de los servicios sanitarios en las prisiones». Y en esta tesitura también se encuentra la cárcel de Villahierro, según destaca también en nombre del Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria, que alerta de la situación que se vive en Mansilla: actualmente hay seis médicos, pero uno de ellos está de baja, dos se van a jubilar de forma inminente y otros dos el próximo año, lo que dejaría el servicio sanitario en apenas dos facultativos para atender a los cerca de mil internos. «Con esta estructura atienden a sus pacientes, emiten informes, certificaciones, hacen guardias e intentan que los internos no sufran las consecuencias del abandono de un medio muy estigmatizado», alerta Rodríguez, quien detalla que «hay que tener en cuenta que a la entrada de personas en la cárcel se detectan enfermedades que pocas veces se hacen en los centros de salud o en los hospitales».

El 5,1 % de los internos tiene VIH y el 16,7 % padece hepatitis C, además de afecciones como diabetes

Así, en líneas generales se puede decir que «el 5,1 % de la población reclusa está afectada por el VIH, el 16,7 % por hepatitis C», a lo que se añaden otras afecciones como diabetes o alteraciones metabólicas. «Es evidente que una persona cuando tiene problemas con la justicia evita acudir a la sanidad pública para evitar ser detenido», advierte.

Según los datos de esta organización, en la actualidad trabajan 296 médicos en las cárceles españolas, de los cuales 97 tienen más de 60 años, 165 están entre los 50 y 60 años, 24 entre los 40 y 50 años y solo 10 tienen menos de 40 años, para asistir a los 50.000 internos de los centros penitenciarios del país.

Una de las reclamaciones de la Plataforma y el Sindicato es que la sanidad penitenciaria se integre en los sistemas de salud de las comunidades autónomas, puesto que había de margen 18 meses tras la publicación de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003. «Llevamos 16 años de incumplimiento», asegura.

La ley deja claro que un médico tiene que detectar enfermedades mentales o lesiones en los reclusos

Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que las condiciones laborales de los facultativos no son las mismas que las de sus compañeros de Atención Primaria, puesto que perciben «un 35% menos a pesar de tener la misma titulación y especialidad y trabajar en un medio público con dificultades añadidas».

«La Ley Orgánica General Penitenciaria promulgada en el inicio de nuestra democracia ordena y explica por qué es necesario un médico en las prisiones», resalta Menéndez, que enumera las ocupaciones de un facultativo en una prisión, como por ejemplo que «es necesario en la exploración detectar si padece enfermedad mental que haya podido tener relación con el delito cometido, y es obligación informar al juez para que valore eximentes o atenuantes en su pena». También destaca «la detección de enfermedad mental que pueda hacerle agresivo hacia el funcionariado u otros internos», así como de «enfermedad infectocontagiosa como la tuberculosis, sarna, etc. que pueda ser transmitida al funcionariado o a otros internados para actuar en consecuencia», además de «lesiones que le han podido ocasionar otras personas, agentes de autoridad o él mismo e informar al juez».

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