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Acusa a una prisión de Tenerife de dejar morir a su marido

4 de mayo de 2019

Una mujer pide 210.000 euros al Gobierno al creer que su esposo enfermó en la prisión y no tuvo una muerte digna por el mal funcionamiento del centro

LAPROVINCIA.ES (P. FUMERO).- Una mujer presentó una reclamación patrimonial contra la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Ministerio del Interior por el fallecimiento de su marido en un hospital, ya que, según la demandante, la muerte estuvo vinculada a un anormal funcionamiento de la prisión Tenerife II, "ya no solo por no cuidar de la salud del interno, sino también por no cumplir con la legislación penitenciaria, puesto que no se le concedió la libertad condicional" cuando su deterioro físico era ya irreversible. En el escrito presentado por la denunciante ante la Subdelegación del Gobierno, se solicita una indemnización de 210.000 euros para la familia, de los que 90.000 serían para ella y 40.000 euros para cada una de las tres hijas de la pareja.

Manuel José P.P. murió el 28 de marzo del año pasado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, custodiado por dos agentes. Ingresó en dicho complejo sanitario con una desnutrición secundaria y en grave estado de salud. En el documento, recuerda que su marido "enfermó en el centro penitenciario y desde noviembre de 2017 fueron varios los traslados" al recurso hospitalario. A la familia le consta que fue evacuado a La Candelaria el 29 de noviembre; el 15, el 19 y el 20 de diciembre, así como el 4 y el 30 de enero.

La demandante explica que, en diciembre de 2017, los médicos reflejaron que llevaba un drenaje pleural de forma permanente, tenía una insuficiencia respiratoria que le obligaba a depender de oxígeno suplementario y que su estado general era de debilidad severa. Además, señala que ya entonces su "pronóstico vital a medio plazo era malo".

Ante dichas circunstancias, "se acredita que mi esposo tenía una enfermedad grave con efectos incurables", por lo que "reunía los requisitos exigidos en la legislación penitenciaria (Art. 196 del RP) para que se le hubiese concedido la libertad condicional", argumenta la esposa de Manuel José. Critica que "lo que no es razonable es que una trabajadora social del centro penitenciario me llame para decirme que le daban la libertad condicional unas horas antes de enterarme de que mi esposo había fallecido".

Añade que "tuve que soportar esa burla o falta de respeto", después de que "se le negara una muerte digna". En su escrito llega a decir que, "si se hubiera actuado de forma correcta, igual hubiese vivido más tiempo". Lamenta que "por parte del centro penitenciario se nos pusieron impedimentos que nos obligaron a retrasar nuestra boda tres veces". El fallecido y su mujer tuvieron tres hijas, de las que dos son menores y una es discapacitada. En el texto se dice que "los principios de humanidad y dignidad de las personas tienen que predominar sobre cualquier consideración legal".

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