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Una huelga encubierta de funcionarios de prisiones pone al límite 15 cárceles

19 de diciembre de 2018

Centenares de trabajadores penitenciarios están pidiendo desde el domingo bajas laborales por estrés. Interior admite problemas graves en numerosos centros

EL PAIS (ÓSCAR LÓPEZ- FONSECA).- El conflicto salarial que desde hace casi un año enfrenta a los funcionarios de prisiones con el Ministerio del Interior —primero con el Gobierno del PP y, desde el verano, con el del PSOE— se ha enconado desde que el domingo una huelga encubierta haya afectado gravemente al funcionamiento de 15 cárceles, según confirman fuentes de Instituciones Penitenciarias y de los sindicatos. La protesta se ha plasmado en la petición masiva por parte de los trabajadores de bajas laborales de tres días por estrés, lo que ha obligado en muchas prisiones a que los funcionarios que terminaban su turno hayan tenido que continuar trabajando para garantizar la seguridad del recinto.

Las cárceles más afectadas en los primeros cuatro días de protesta son las de Archidona y Alhaurín de la Torre, ambas en la provincia de Málaga, Villena (Alicante), Albocàsser (Castellón), Picassent (Valencia), A Lama (Pontevedra), Arrecife (Lanzarote), El Dueso (Cantabria), Albolote (Granada), Badajoz, Estremera (Madrid), Campos del Río (Murcia), Puerto de Santa María I y III (Cádiz) y Sevilla. En algunas, la avalancha de bajas ha afectado a más de la mitad de la plantilla de los servicios de vigilancia. Así, en la de Picassent, de 131 funcionarios que debían entrar este martes, solo lo hicieron 68. En la de Alhaurín de la Torre, su director ha suspendido los permisos “ante la falta extraordinaria de personal debido a la presentación cuantiosa de bajas por enfermedad”.

“Semana de la salud”

La protesta, que se prolongará hasta el viernes, ha sido bautizada por los sindicatos como “semana de la salud”, y es similar a una iniciativa que plantearon en marzo los sindicatos de la Ertzaintza y a la que se ha anunciado para el viernes entre los Mossos d'Esquadra, donde se la ha denominado “gripe azul”. A pesar de que los sindicatos no han hecho una convocatoria formal —solo citaron la medida sin concretar fechas en un comunicado de noviembre sobre actos de protesta en preparación—, fuentes de las organizaciones admiten que han dado instrucciones a sus afiliados para que pidan una baja de tres días. Interior denuncia que la protesta “vulnera los derechos de los reclusos y sus familias” al obligar a suspender comunicaciones programadas, además de provocar retrasos en la apertura de las celdas.

La huelga encubierta se produce una semana después de que cerca de 7.000 funcionarios de prisiones recorrieran las calles del centro de Madrid durante horas convocados por las cuatro organizaciones mayoritarias -ACAIP, CSIF, UGT y CC OO- para exigir la reapertura de las negociaciones sobre la subida salarial del colectivo, rotas desde septiembre. En estos meses, los funcionarios de prisiones han protagonizado seis días de huelga en las cárceles y un encierro en la sede de Interior, además de reclamar de manera insistente el cese del máximo responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz. Desde Interior se asegura que la disposición del ministerio ha sido siempre la de sentarse a negociar y atender parte de las reclamaciones salariales de los funcionarios cuando haya disposición presupuestaria. Sin embargo, admiten que las protestas de los últimos meses han puesto "cuesta arriba" retomar los contactos.

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