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Las madres de presos fallecidos en las cárceles catalanas alzan la voz: "El trato de la Generalitat es denigrante"

23 de octubre de 2018

- “Fui a ver a mi hijo el sábado y estaba bien, y el jueves un funcionario me dice que se ha suicidado y que estas cosas pasan", denuncia la madre de un interno que se suicidó - Abogados y entidades proderechos humanos exigen que la nueva oficina de los derechos civiles de la Generalitat aborde la situación en las prisiones

ELDIARIO. ES (ORIOL SOLÉ ALTAMIRA).- Raquel, Lewis, Eduard o Gina forman parte de las decenas de presos fallecidos o que se suicidaron en cárceles catalanes en los últimos años. Sus madres, cansadas y enfadadas por la falta de explicaciones de la Generalitat sobre los decesos, han alzado la voz este martes para dar a conocer sus casos y reclamar un cambio radical en la política penitenciaria catalana, empezando por acabar con el cuestionado régimen de aislamiento en el que los reclusos pasan hasta 21 horas diarias en soledad en su celda.

"Fui a ver a mi hijo el sábado y estaba bien, y el jueves un funcionario me dice que se ha suicidado y que estas cosas pasan. No tenía antecedentes de intentos de suicidio y lo último que me dijo era que la cárcel era una lección que le iba a servir de por vida. Me puse a indagar y vi que no era la única", ha explicado entre lágrimas Bárbara, la madre de Lewis Alfaro, que se suicidó en Brians I en noviembre de 2017.

La denuncia de esta familias tiene como elemento común el trato "denigrante" que, aseguran, han sufrido sus hijos tanto por los funcionarios de las cárceles como posteriormente ellos mismos cuando han acudido a la Generalitat, que tiene las competencias en prisiones, en busca de respuestas. "Nadie de la dirección general de Justicia se ha puesto en contacto con las familias", ha afirmado el abogado del centro Iridia Andrés García Berrio, que representa a los familiares de los fallecidos.

Gràcia Amón, madre de un hombre fallecido en la cárcel de Brians en 2016, ha puesto el foco en el régimen de aislamiento. Pese a que las recomendaciones de la ONU instan a no prolongarlo más de 15 días, su hijo estuvo varias semanas, llegándose a autolesionar para poder salir de la celda e ir a la enfermería. "Cuando avisó que iba a romper el ventolín para cortarse, el funcionario le dijo 'pues hazte una paja'", ha afirmado.

En 2017, según las estadísticas oficiales, murieron 41 personas en las cárceles catalanas: ocho después de suicidarse, 19 por enfermedades, cinco por sobredosis nueve casos por "causa desconocida". "En las cárceles catalanas no se protege de forma adecuada la vida y la integridad física y psíquica de las personas encarceladas", han denunciado las familias.

Fuentes del departamento de Justicia de la Generalitat consultadas por este diario han indicado que la causa de muerte "desconocida" se explica en los casos en que los juzgados, que investigan todas las muertes que se producen en prisión, todavía están realizando pesquisas y no han pedido determinar con exactitud el motivo del deceso. En algunos casos, además, el juez no llega ni a comunicar la causa de la muerte a los servicios penitenciarios de la Generalitat, añaden las mismas fuentes.

Las familias ven una puerta de esperanza en el juicio en el que el próximo 11 de diciembre comparecerán como testigos el exdirector del centro penitenciario de Brians II y varios funcionarios por la muerte de la interna Raquel en 2015, cuando estaba en régimen de aislamiento. Este caso, el primero que llega a juicio, provocó un cambio en la regulación de este tipo de régimen penitenciario, que para las familias ha sido insuficiente y sigue incumpliendo los estándares internacionales en derechos humanos.

Hartas de callar y unidas en la asociación 'familiares contra la crueldad carcelaria', las madres de estos presos han anunciado movilizaciones: la primera será el próximo martes frente a la Generalitat. Exigen a la conselleria de Justicia y a la recién creada Oficina para los Derechos Civiles un protocolo de comunicación con familiares que tenga en cuenta el trauma que supone perder a un familiar en prisión y un acompañamiento institucional, además de una auditoría independiente sobre el sistema penitenciario.

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