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El futuro cierre de la cárcel de Martutene abre incógnitas con los presos aún por despejar

16 de septiembre de 2018

Todavía no se ha tomado una decisión oficial sobre la compleja ecuación que representa dar respuesta a los reclusos de segundo grado Con la legislación actual, abrir un CIS sin contemplar una prisión “dimensionada” en el territorio podría suponer una dispersión de internos que dificultaría su reinserción

NOTICIAS DE GUIPUZCOA (Jorge Napal Javi Colmenero).- No es fácil encontrar una solución mágica que satisfaga a todas las partes una vez se proceda al derribo de la prisión de Martutene. De hecho, no existe. Se plantea un escenario complejo, sujeto a distintos intereses, por lo que el trabajo de cocina previo está siendo proceloso, mucho más lento de lo esperado. Tras un verano de especulaciones, todas las fuentes consultadas por este periódico confirman que, por el momento, “no hay firmado un solo documento oficial” que certifique una decisión tomada respecto a la alternativa tras el más que previsible adiós al centro penitenciario.

La única certeza es esa. Que el penal del barrio donostiarra, que acaba de cumplir 70 años, será clausurado “más pronto que tarde”. Se ha demorado tanto la decisión que los reclusos cuentan ya con nuevos vecinos, de Txomin Enea, y un Consistorio cansado de esperar una decisión al respecto para avanzar en el desarrollo de la nueva zona residencial del barrio.

Pero por encima de las infraestructuras están las personas, como se han encargado de recordar una y otra vez las asociaciones que han denunciado “intereses urbanísticos ajenos a las necesidades” de los presos. Así, la decisión que se tome entre las distintas opciones que se barajan, como es la apertura de un Centro de Inserción Social (CIS) en Zubieta, una cárcel dimensionada, o ambas alternativas conjuntas, condicionará el futuro de las 700 personas con arraigo en Gipuzkoa que actualmente cumplen condena en las prisiones del Estado.

Se trata de un escenario complejo en el que confluyen multitud de factores. Fuentes cercanas a la negociación que se está llevando a cabo en Madrid informan de que se trabaja para dilucidar cuáles son las necesidades penitenciarias del territorio, una realidad sobre la cual “por el momento no se ha cerrado ningún acuerdo”, insisten las mismas fuentes. Eso sí, “se espera que se solucione pronto”.

De las 700 personas con arraigo en Gipuzkoa que mantienen contacto con la Administración Penitenciaria, en torno a 300 cumplen condena en la prisión de Martutene, 200 de ellos en segundo grado y un centenar en sección abierta.

Pero sentar las bases de una decisión firme y definitiva exige una visión de conjunto. Es decir, no solo tener en cuenta a los reclusos del viejo presidio, sino a los otros 250 internos de segundo grado que cumplen condena en cárceles del Estado y no lo hacen en Martutene porque la obsoleta infraestructura no da más de sí.

Dispersión. Menos de la mitad de ellos están en el centro penitenciario de Zaballa (Araba), y el resto se hallan repartidos por toda la geografía estatal, en municipios como Palencia, Burgos, Santander, Zaragoza o Logroño. A todos ellos habría que sumar otros 150 penados en tercer grado, capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad. Los traslados a otras prisiones del Estado son la válvula de escape que ha permitido durante estos años no masificar Martutene, dando lugar a una dispersión de presos que va en contra de la propia ley y de los derechos humanos.

Este es el escenario sobre el que se está planteando una solución, en un contexto político en el que el interlocutor en Madrid ha cambiado y es ahora socialista. El Gobierno Vasco confirma “diferencias radicales” entre el actual y el anterior Gobierno de Rajoy, un muro infranqueable que no permitió dar un solo paso adelante en el calendario de competencias pendientes. Entre ellas, la de prisiones. “No existen dificultades jurídicas para hacerla efectiva porque hay precedentes, como en Catalunya”, ha defendido estos días el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka.

El Ejecutivo autonómico tiene mucho que decir al respecto. Tampoco son un convidado de piedra las diputaciones forales y los ayuntamientos, puesto que, al margen de transferencias que pudieran materializarse en un futuro más o menos cercano, hoy por hoy tienen todas las competencias en materia social, educativa, sanitaria, formativa y de empleo, lo que les capacita para asumir las necesidades de atención a las personas privadas de libertad.

Una vez esbozado el mapa actual, es hora de entrar en la letra pequeña. Ya en la época del PP se barajó la posibilidad de abrir un CIS y no una cárcel, viendo que las infraestructuras de la CAV eran suficientes para dar cabida a los internos. Durante este verano se ha especulado en ese sentido con una supuesta decisión en firme que habría tomado el Ministerio del Interior, descartando un centro penitenciario en los terrenos de Eskuzaitzeta, en el barrio de Zubieta, entre Donostia y Usurbil, para trabajar exclusivamente con la edificación de un CIS en el que tendrían cabida los presos de tercer grado y alguno de segundo. En suma, aquellos que duermen en el penal sin pasar el día entre rejas.

Este plan de actuación supondría pasar de un extremo a otro, es decir, del proyecto de macrocárcel que se ideó hace seis años, a la constatación de que en Gipuzkoa no hace falta a día de hoy prisión alguna, ni siquiera redimensionada, como se barajó.

Madrid lleva años admitiendo que es preciso cerrar el viejo presidio, una cuestión que está sobre la mesa desde 2005, cuando la entonces directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, se comprometió a acelerar un traslado que nunca llegó. “A lo mejor es posible que, sin ser necesario que esté construida la prisión nueva, podamos liberar los terrenos y se cierre la de Martutene”. Con esta respuesta al PNV del anterior ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido (PP), se dejaba abierta la puerta a una de las alternativas que no se descarta, como es trasladar a Zaballa a los presos de primer y segundo grado, con el régimen penitenciario más estricto. El CIS se encargaría, entre otros, del centenar de penados en tercer grado y de aquellos que realizan trabajos en beneficios de la comunidad.

La apertura de un CIS no es ninguna fórmula novedosa. La red Esen (Espetxe Sarea Euskadi Nafarroa), reclama desde hace tiempo la construcción de dos Centros de Inserción Social, uno en Bizkaia y otro en Gipuzkoa. Atendiendo al índice de criminalidad actual, entiende que no está justificada la construcción de ningún centro penitenciario en Gipuzkoa, puesto que “sería suficiente” con el de Araba. La red está integrada por una quincena de organizaciones sociales que actúan en este ámbito. “No vemos la necesidad de construir una cárcel, teniendo en cuenta que Zaballa está a medio gas. Pero más allá de las infraestructuras, vemos la necesidad de apostar por un enfoque más humano con el fin de fomentar las medidas alternativas a la prisión, lo que aliviaría muchísimo los niveles de ocupación actuales. Si el Gobierno Vasco va a asumir competencias, que apueste por otro modelo penal y penitenciario”, defiende Jose Larrañaga, trabajador de la Asociación Arrats y miembro de Esen.

Discrepancias. Pero en el seno de esta red han surgido discrepancias o, al menos, miradas diferentes. Todos sus integrantes defienden un modelo de ejecución penal y penitenciario diferente al actual.

La controversia surge en la lectura que se hace de la realidad más inmediata. Mientras ese cambio de modelo no opere, la delegación de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Donostia entiende que hoy por hoy “hace falta” una cárcel dimensionada. “Necesitamos un establecimiento penitenciario para Gipuzkoa y un CIS. No estamos hablando de 200 internos en segundo grado como se ha especulado, sino de 450, teniendo en cuenta el cómputo total de todos los guipuzcoanos que cumplen condena en el Estado”, precisa Martin Iriberri, el nuevo capellán de la prisión de Martutene y responsable de la comunidad Loiolaetxea.

Desde ese punto de vista, para la Diócesis cobraría sentido el centro penitenciario que se proyectó en 2013, el último que tiene carácter oficial, dentro de un plan redimensionado que sigue vigente aunque nunca se ha llegado a aplicar. Las instalaciones de Zubieta se licitaron en 2013, con un redimensionamiento de la macrocárcel inicial y 500 plazas proyectadas, aunque la actuación fue suspendida.

La Pastoral Penitenciaria defiende que la recuperación de ese plan, junto a la construcción de un CIS es la vía más factible. El traslado de los presos de segundo grado a Zaballa conllevaría, según el estudio de la situación que han realizado, “una dispersión que dificultaría pasar del segundo grado al régimen abierto”. Los internos, además de haber cumplido dos terceras partes de la condena tienen que acreditar un arraigo social, algo que resulta extremadamente complejo cuando cumple condena lejos de su entorno familiar. “Dando por bueno el último proyecto que fue contemplado, un hipotético cambio del modelo de ejecución penal con el consiguiente descenso del número de reclusos, no supondría ningún problema porque las celdas, ocupadas por dos internos, pasarían a estarlo por uno, lo que favorecería un tratamiento más individualizado”, defiende Iriberri.

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