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CÁRCELES

El Gobierno quiere que los funcionarios de prisiones sean autoridad

13 de abril de 2018

El PP introduce una proposición a la ley orgánica para que sus agresiones se penen hasta con 4 años de cárcel. Sus testimonios tendrán presunción de veracidad por hechos sucedidos en el ejercicio de sus funciones

EL PERIODICO (A. ÁLVAREZ).- El Gobierno ha dado el primer paso para cumplir una de las reivindicaciones tradicionales de los funcionarios de prisiones. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha introducido una proposición para modificar la

Ley Orgánica General Penitenciaria con el objetivo de reconocer a este colectivo la condición de agentes de la autoridad, de manera similar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La iniciativa, que da continuidad al protocolo ratificado en mayo de 2017, supone que las agresiones que sufran los funcionarios de prisiones se castiguen hasta con cuatro años de cárcel.

Según el sindicato la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), mayoritario en el ámbito de la Administración General del Estado, sus denuncias de violencia en las cárceles (se han contabilizado más de 2.200 agresiones en seis años) y el déficit en medios personales y materiales van dando fruto.

Con la proposición para modificar la ley penitenciaria se reforzará y protegerá a los funcionarios de los cuerpos penitenciarios, con el reconocimiento expreso de autoridad pública, tal y como sucedió en la reforma del Código Penal de 2015 con sanitarios y docentes, cuyas agresiones se castigan hasta cuatro años de cárcel, situación que también se aplicará a los funcionarios de prisiones.

También tiene otras consecuencias prácticas, como la presunción de veracidad de sus testimonios por hechos sucedidos en el ejercicio de sus funciones. Y medidas específicas de internamiento para la protección de funcionarios que deban cumplir condena en centros penitenciarios ordinarios

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