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Una cárcel catalana tiene en un mismo módulo a mujeres con agresores sexuales

27 de enero de 2018

Comisiones Obreras denuncia ante la fiscalía una práctica que prohíbe el reglamento penitenciario

ELPAIS.COM (PERE RIOS. FOTOGRAFIA: CRISTOBAL CASTRO).- La cárcel barcelonesa de Brians 1 alberga desde primeros de enero un módulo mixto de hombres y mujeres entre los que hay diversos presos condenados por delitos contra la libertad sexual, uno de ellos multireincidente. La Generalitat admite los hechos, pero les restó importancia. El reglamento penitenciario permite la existencia de un módulo compartido por presos y presas, como sucede en otras cárceles españolas, pero prohíbe de manera taxativa que acojan reclusos que cumplan penas por delitos sexuales.

La llamada Unidad de Medio Semiabierto (UMS) se puso en funcionamiento en la cárcel de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) el pasado 9 de enero, cuando se habilitó para mujeres un ala del pabellón que siempre había estado destinada a hombres. Ahora alberga a 148 reclusos y 12 reclusas, clasificados en diferentes grados penitenciarios.

Unos y otros pernoctan en zonas diferenciadas y espacios separados con cancelas que impiden el acceso a las celdas, pero durante el día hombres y mujeres comparten espacios comunes. Es obligatoria su presencia en el comedor y queda a la elección de las mujeres si acuden o no a las zonas donde están los hombres, como el patio o la biblioteca.

Al menos ocho de los reclusos varones que están en ese módulo mixto cumplen condena por delitos contra la libertad sexual y uno de ellos es multireincidente, explicaron fuentes penitenciarias. Un portavoz del departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, la única comunidad autónoma con competencias en prisiones, reconoció la presencia de esos presos en el módulo mixto.

“El itinerario que siguen los internos y las internas en ese módulo es común, al margen del delito por el que estén condenados. Si nos fijásemos en eso no podrían acceder al módulo semiabierto”, explicó un portavoz del departamento de Justicia. Las mismas fuentes explicaron que esos presos y presas ya han compartido anteriormente otras actividades antes de convivir en el módulo mixto y que no se han producido incidentes. El artículo 169.2 del Reglamento Penitenciario establece de manera clara: “No podrán ser destinados a estos departamentos mixtos los internos condenados por delitos contra la libertad sexual”.

La puesta en marcha de este módulo mixto es la primera experiencia de este tipo que se produce en una prisión catalana, aunque en otras cárceles españolas funcionan desde hace años. De lo que no existen precedentes es de la convivencia en estas unidades de presos condenados por delitos contra la libertad sexual, un hecho al que la Generalitat resta importancia e insiste en que solo pasan juntos unas horas al día y no se tiene conocimiento de que se hayan producido incidentes desde su puesta en marcha.

Una funcionaria de prisiones del módulo mixto explicó ayer a este diario que las ocho mujeres ingresadas en esa zona están condenadas por tráfico de drogas y son latinoamericanas. Cuatro de ellas están clasificadas en tercer grado y las otras ocho en régimen abierto. Las primeras solo acuden a dormir de lunes a jueves y las otras también pasan el día fuera, pero el fin de semana están en el centro.

“Si no salen al patio o a la sala de día donde están los hombres la alternativa que les queda es quedarse en la celda y no ver el sol”, explica la funcionaria de Brians 1. “No hace falta decir que se sienten muy incómodas. Es difícil que allí pase algo, pero no es una situación agradable ni para las mujeres ni para los funcionarios”, añade la trabajadora.

El mismo día de la entrada en funcionamiento de este módulo mixto, el 9 de enero, Comisiones Obreras denunció los hechos en la fiscalía de Barcelona. Carlos Ardanaz, coordinador de la Agrupación de Personal Penitenciario de ese sindicato explicó ayer a EL PAÍS que no se oponen a la existencia del módulo mixto, pero sí reprueban la presencia de presos condenados por delitos sexuales y la ausencia de unas normas de funcionamiento de régimen interior para que los funcionarios sepan a qué atenerse.

En concreto, el artículo 171.1 del Reglamento Penitenciario establece que “en función de la diferenciación sexual de los residentes, los consejos de dirección o la junta de tratamiento responsable… someterán al centro directivo para su aprobación las normas de régimen interior, donde se detallarán qué tipo de actividades pueden ser realizadas en común y aquellas otras para las que el criterio general de separación de la Ley Orgánica General Penitenciaria debe seguir presidiendo el régimen de vida".

Esta previsión no se ha cumplido antes de que se abriese el módulo mixto en Brians 1. El consejo de dirección del centro aprobó el 15 de diciembre un acuerdo que decía: “Provisionalmente las internas se ajustarán a los criterios normativos de esta unidad, para posteriormente a partir de la experiencia y el diálogo con las mismas interesadas, redactar un marco específico y propio el primer semestre de 2018”. La puesta en marcha del módulo mixto pretende facilitar “un régimen de confianza y de autogobierno en este tipo de tratamiento penitenciario”, se decía en aquel acuerdo.

Comisiones Obreras cree que esta falta de regulación “deja en inseguridad jurídica a los internos afectados y a los funcionarios” y que “les obliga a tomar decisiones en materia de establecimiento y fijación de normas de régimen interior que no les corresponden y que en caso de implementarlas puede ponerles en situación de cometer un ilícito penal”.

Los sindicatos critican el “totalitarismo” del director

La puesta en marcha del módulo mixto en Brians 1 fue idea de Josep Font, el director de la cárcel que accedió al cargo hace poco más de cuatro meses, después de cerrar la prisión Modelo de Barcelona, de la que fue su último director. Desde que accedió al nuevo cargo ha mantenido unas relaciones muy tensas con todos los sindicatos de prisiones, que el pasado día 24 le remitieron una carta conjunta en que arremeten contra su “forma totalitaria” de ejercer el cargo y le recuerdan “el deber moral y la responsabilidad profesional de cumplir y hacer cumplir las leyes, los reglamentos y los mandamientos judiciales, le gusten o no”.

Los sindicatos reclaman a Font por carta cuatro medidas concretas para mejorar el clima laboral. Una de ellas es precisamente, “retirar a las mujeres” del módulo mixto, por considerar que no respeta las normativas correspondientes y “vulneran los derechos” de los presos y de los funcionarios de prisiones.

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