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El Gobierno admite que cuatro presos de Villena se quedaron sin tratamiento de Hepatitis C

26 de diciembre de 2017

Instituciones Penitenciarias obliga a los reclusos a trasladarse a Picassent para recibir los fármacos

EL LEVANTE-EMV.COM (VICTORIA SALINAS, VALÈNCIA).- Cuatro internos de la cárcel de Villena se han quedado sin recibir los fármacos que pueden curarles de su Hepatitis C y que financia la administración pública. Así lo han reconocido desde el Gobierno, presidido por Mariano Rajoy, en una respuesta escrita al diputado de Esquerra Unida, Ricardo Sixto, que se hizo eco de la noticia publicada por LEVANTE-EMV en exclusiva en octubre sobre los problemas de los presos de esta cárcel alicantina para acceder a los tratamientos contra la infección.

La cárcel de Villena es la única de la Comunitat Valenciana que, hoy por hoy no está dando los fármacos con normalidad. La falta de una transferencia real de competencias sanitarias en el ámbito de prisiones y de entendimiento entre administraciones para hacer más fácil la conexión con las bases de datos explican esta situación. Así, la prisión es la única desde la que no se puede conectar con el sistema interno de gestión de la Atención Primaria, Abucasis, por lo que Instituciones Penitenciarias está obligando a los presos que necesitan los fármacos a trasladarse durante los 3 meses del tratamiento hasta Picassent, en València.

Fuentes internas de Prisiones denunciaron en su día que «muchos» de los internos estaban diciendo no a este traslado por el problema que suponía para ellos y sus familias y el Estado no estaba dándoles alternativas aunque no había datos oficiales. Ahora, el Gobierno reconoce que son cuatro los que «se han negado a ser trasladados y recibir el tratamiento específico» por los «problemas de acceso a los sistemas informáticos de la comunidad autónoma» aunque era «intención» de Instituciones Penitenciarias «recuperar a estos pacientes». Otros, de los que no se especifica el número, «han preferido esperar a su puesta en libertad al ser ésta próxima».

Sixto criticó ayer duramente la respuesta recibida desde el Gobierno: «Es vergonzoso. Supone un ataque a los derechos fundamentales de las personas que están privadas de libertad pero que tienen derecho a la atención sanitaria». El diputado lamentó que, pese a que el Gobierno reconocía «la existencia de un problema» no aportaba «ninguna solución» como la conexión en Villena a las bases de datos de Sanidad o completar la prometida transferencia de competencias sobre la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. «En febrero el subdirector general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria se comprometió públicamente a que la transferencia se haría en esta legislatura, sin embargo, en la respuesta se nos reconoce que no habido avances al respecto», lamentó ayer.

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