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El Defensor del Pueblo cuestiona la “idoneidad” de la cárcel de Archidona como CIE

1 de diciembre de 2017

Los técnicos de la institución constatan la existencia de "numerosas carencias"

EL PAÍS.COM – (ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA Y JOSÉ Mª JIMÉNEZ GÁLVEZ).- El Defensor del Pueblo ha cuestionado este viernes la "idoneidad" de usar la cárcel vacía de Archidona como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), después de que Interior decidiese la pasada semana recluir en ella a más de medio millar de inmigrantes llegados en patera a España. Según el informe elaborado por dos técnicos del organismo, que visitaron el complejo por sorpresa, han detectado "numerosas carencias" en la instalación y consideran que "los servicios" no son "similares" a los de un CIE. "Tenemos dudas de su empleo para este fin, dado que ya había sido designado como centro penitenciario", apostilla el escrito.

Este documento llega después de las numerosas críticas de las ONG, sindicatos y oposición, que han denunciado que la medida de Interior incumple la Ley de Extranjería y el Reglamento de los CIE, donde se subraya reiteradamente que este tipo de internamiento a sin papeles debe desarrollarse en instalaciones de "carácter no penitenciario". "A pesar de que [Archidona] presenta mejores condiciones arquitectónicas que cualquiera de los CIE actualmente en funcionamiento", se arranca el Defensor, "los inmigrantes no gozan de los mismos derechos y garantías que en un Centro de Internamiento de Extranjeros". "No obstante, resulta relevante que dicho centro no haya iniciado su actividad penitenciaria", matiza la institución.

El organismo encabezado por Francisco Fernández Marugán enumera, en un duro escrito, una batería de carencias de este supuesto "CIE provisional", como lo bautizó el Ejecutivo. "No se están respetando las reglas mínimas para la custodia de las personas internadas: carencia de atención sanitaria suficiente, información de las normas mínimas de funcionamiento del centro, ausencia de horario y actividades", afirma el Defensor, que cuenta cómo los inmigrantes permanecen en el patio "desde el desayuno hasta (excepto para la comida), sin poder pasar al resto de zonas comunes, incluido los baños". Los técnicos del organismo también han destacado que se trasladó a los extranjeros a Archidona "unidos por la muñeca contraria mediante bridas".

"Hay unos fallos de infraestructuras tremendos porque han llegado las personas antes que los servicios", añaden fuentes de la institución, informa Anabel Díez. "No se dan las condiciones para que haya personas de estas características en Archidona", apostillan las mismas fuentes, que explican que el Defensor ha enviado el "duro" informe a la Dirección General de la Policía.

La información facilitada a los jueces, en cuestión

El Defensor del Pueblo también aprovecha este informe para cuestionar la información que Interior facilitó a los jueces que decidieron la reclusión de los inmigrantes. "Genera dudas", sentencia el organismo, después de subrayar que los autos de los magistrados no señalan el "lugar exacto" donde se produjo la detención de estos sin papeles. "Y, salvo en los procedentes de Elche, no se entra a valorar el hecho de autorizar el internamiento en unas instalaciones que tienen atribuido carácter penitenciario".

En esa línea, en la respuesta que ha remitido a las ONG que denunciaron la utilización de la prisión como CIE, el Defensor del Pueblo destaca que no informó a los jueces de la entrada de funcionamiento de la misma como CIE y que "no consta la existencia de orden o resolución del Ministerio del Interior, que dé cumplimiento a lo previsto en el artículo 5.2 del Reglamento CIE, y habilite de forma provisional las referidas instalaciones para el uso que ahora tienen. Por lo anterior". El organismo añade que ya ha solicitado a la Dirección General de la Policía varios datos sobre "las previsiones de uso de estas instalaciones, así como sobre la resolución administrativa habilitante de su uso temporal para el internamiento de extranjeros". En este escrito, el Defensor del Pueblo también recalca que sus técnicos apreciaron "una falta de información a las personas privadas de libertad, tanto en lo relativo a su situación jurídica, incluyendo la posibilidad de solicitar protección internacional, como en cuanto a las condiciones y el lugar en el que se encontraban".

Interior decidió la pasada semana recluir en la cárcel a cientos de inmigrantes llegados en patera a Murcia y Almería. Ante el colapso de los CIE, el Gobierno optó por enviarlos a Archidona. La medida se anunció con una nota de prensa que obviaba el carácter de cárcel del centro y se tildaba de "habitaciones" las celdas del mismo. La decisión ha provocado las protestas de ONG, partidos y sindicatos. PSOE y Unidos Podemos la han calificado de "ilegal". Y el Defensor del Pueblo optó por visitar por sorpresa el complejo para inspeccionarlo.

Zoido respondió a las críticas con la presentación este lunes en Algeciras (Cádiz) "del modelo de CIE del futuro" que verá la luz en 2020, según afirmo el ministro, con la apertura de una nueva instalación en la ciudad gaditana. "Una campaña de lavado de imagen para unas instituciones que son espacios de vulneración de derechos por su mera existencia y que cuentan con el rechazo de la sociedad y de las organizaciones sociales", según ha recalcado la Campaña Estatal para el Cierre de los CIE. "Todo lo que ha dicho Zoido no responde más que a un intento por salvar la cara del Gobierno en público ante un problema que va en aumento", ha apostillado el diputado David Serrada (PSOE).

España cuenta actualmente con siete CIE, donde se internan a miles de extranjeros cada año con el único objetivo de "garantizar su expulsión", según destaca la legislación nacional. Pero los propios datos de Interior demuestran que estos complejos incumplen su finalidad: en 2016 solo se echó del país al 29% de las personas que pasaron por ellos.

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