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Continuemos hablando de lo que pasa en las prisiones

22 de noviembre de 2017

La injusta entrada en prisión de los Jordis y los consellers ha generado un foco de atención sobre el sistema penitenciario español. Si logramos ir más allá del “no son delincuentes”, tenemos una oportunidad de poner luz sobre tantas situaciones injustas que la cárcel, y el sistema penal, generan sobre muchísimas personas anónimas

EL DIARIO.ES – (JORDI CAMPADAL GRAUS, MIEMBRO DE IRÍDIA).- A lo largo de las últimas semanas el movimiento independentista en Catalunya ha sufrido una de las operaciones represivas más grandes de los últimos años en el Estado español. Más de 700 alcaldes están bajo investigación policial, la Mesa del Parlament bajo fianza, profesores llamados a declarar y cualquier tipo de autogobierno suspendido vía 155. Parte del Govern de la Generalitat en el exilio. Y el resto, conjuntamente con los Jordis, en la cárcel.

Una de las múltiples consecuencias de esta situación ha sido colocar la prisión en el centro de los pensamientos de gran parte de la sociedad catalana. Ni los presos sociales ni los políticos han ocupado nunca el foco de atención mediática como ahora. Algo que durante muchos años ha sido una realidad “silenciada”, que solo soportaban personas anónimas y su entorno más cercano, ahora ocupa tertulias y páginas de periódicos, pero también conversaciones familiares o entre amigos.

Son muchos los que han escrito cartas a los presos políticos catalanes o han seguido y compartido las experiencias de sus familiares. El dolor y la indignación ante las denuncias de vejaciones y vulneraciones de derechos a los que se les ha sometido, muchas de ellas habituales en el sistema penitenciario español. Han sentido el dolor de no poder acariciar a quien más quieres o el de ver a tus hijos a través de una mampara de cristal.

Respecto a este punto, es justo agradecer a muchos de sus familiares que han hecho un esfuerzo por colectivizar sus sentimientos y lucha diaria. Especialmente relevante es el caso de Txell Bonet, compañera de J. C., que ha ido más allá hablándonos de los “otros” presos y sus familias, con las que ha compartido sala de espera durante las visitas a Soto del Real. Como ella misma explica, su situación es igual a la de muchísimas familias que han sido injustamente penalizadas con la dinamitación de las relaciones personales que implica el aislamiento de un ser querido.

Cualquier gesto en esta dirección, por pequeño que parezca, es muy importante. Ayuda a romper con uno de los mayores obstáculos a la hora de hablar de los derechos de las personas presas: el estigma que recae sobre la construcción social del “delincuente”. Muchos dirán “los Jordis y los consellers no son delincuentes”, lema utilizado con demasiada frecuencia por movimientos sociales. Pero independientemente de esto, si nos quedásemos aquí, no solo perderíamos la oportunidad de denunciar las situaciones injustas que la cárcel y el sistema penal producen sobre tantas personas, sino que además las legitimaríamos. Y esto es algo que no nos podemos permitir.

Los presos políticos catalanes han recibido un castigo a su actividad política en forma de prisión preventiva, un recurso utilizado con frecuencia de forma abusiva contra encausados por motivos políticos, pero no exclusivamente. Uno de los sectores contra los que más se utiliza esta medida es la población migrante, sobre la que siempre recae el estigma y la criminalización. Así como se cuestiona tantas veces que la prisión preventiva se utilice estrictamente para las finalidades concretas que tiene, pasa lo mismo con las condenas a prisión, que acaban convertidas en “castigos ejemplares” y no en la medida de reintegración social que supuestamente es.

El Estado español tiene uno de los sistemas penales más punitivos de Europa, que endurece las penas a cada nueva reforma del Código Penal. Año tras año observamos, en los diferentes estudios que se publican, como a pesar de tener una tasa de criminalidad inferior a la mediana europea, siempre ocupa los primeros puestos por lo que se refiere a la tasa de población penitenciaria. El estado responde a los problemas sociales con cárcel, ya que la mayoría de reclusos lo son por delitos contra el orden político y económico, incluidos los delitos de salud pública. Se desarrolla una política de control penal de la pobreza. Solo alrededor del 16% de los presos han cometido delitos contra las personas. Según datos de la ROSEP (RED DE ORGANIZACIONES SOCIALES DEL ENTORNO PENITENCIARIO) si los baremos se adaptasen a los estándares europeos, la población penitenciaria se reduciría alrededor de un 50%.

Hace tan solo unos días que conocíamos el último informe del COMITÉ EUROPEO POR LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA, elaborado tras la visita que una delegación ha realizo a distintos centros de detención y prisiones del Estado español. Recoge todo tipo de denuncias de maltratos y torturas como la sujeción mecánica mediante correas durante horas y días. Especialmente preocupante resulta la situación de los presos sometidos a los módulos de aislamiento, régimen reiteradamente denunciado por organizaciones de derechos humanos en Catalunya y en el Estado español.

Y si de privaciones de libertad se trata, no podemos olvidar una de las grandes aberraciones de nuestro sistema: los CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS (CIE), paradigma del racismo institucional. Cárceles donde se encierra a las personas con el único motivo de no tener su situación administrativa regularizada. Reclusiones que se pueden extender hasta los 60 días con tal de hacer efectiva la expulsión a sus supuestos países de origen. Nadie los llamará presos políticos, pero la realidad es que son presos de las políticas racistas de los países de la Unión Europea. Hemos de exigir su cierre total de forma inmediata.

El momento actual puede ser una oportunidad para poner luz sobre la situación que se vive en las prisiones, investigada y denunciada por distintos colectivos y entidades durante muchos años. Los derechos de las personas presas llevan demasiado tiempo fuera de la agenda de reivindicaciones sociales. Necesitamos pensar en un nuevo sistema penal que incluya el diálogo y la restauración como pilares fundamentales para la resolución de conflictos. Puede que hasta que no avancemos decididamente hacia una transformación radical de la sociedad sea utópico plantear la abolición de las prisiones, pero sí que podemos exigir que sea siempre un último recurso y no la solución para todo. Es por todo esto que resulta necesario que continuemos hablando, cuestionando y denunciado las cárceles hasta que caigan todos los muros.

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