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Comunicado de la APDHA. La Junta de Andalucía deja desde esta semana sin abogados de oficio a 16.300 personas presas

3 de mayo de 2012

La guerra de administraciones afecta a los más desfavorecidos. La APDHA exige la inmediata reinstauración de los servicios de orientación y asistencia jurídica a las personas privadas de libertad (SOAJP).

APDH.-16.292 personas presas de los trece centros penitenciarios ordinarios y seis centros de inserción social andaluces están, desde esta semana, abandonadas y mal tratadas por las Administraciones. La suspensión de los SOAJP se ha debido a la falta de firma, por parte del Ministerio del Interior, de la renovación del Convenio de Colaboración con la Junta de Andalucía, que es la que financia el servicio. El pasado 17 de abril la Junta, escudándose en esta falta de firma por parte del Ministerio, decidió comunicar a los Colegios de Abogados la suspensión del servicio. Este enfrentamiento entre administraciones, de diferentes orientaciones políticas, lo están pagando las personas privadas de libertad. Algunos Colegios suspendieron el servicio de inmediato y los restantes lo hicieron el 30 de abril (a excepción de Málaga), por las dudas planteadas ante la falta de ratificación por el Ministerio y el aprovechamiento que de ello pueda hacer la Junta de Andalucía para ahorrar costes. Desde la APDHA denunciamos que la Administración Autonómica, que tanto critica los recortes del Gobierno central, no puede privar a los más excluidos de este derecho básico.

En el año 2011 el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria atendió en Sevilla, provincia con tres centros penitenciarios ordinarios, un psiquiátrico y un CIS, a 3.311 personas presas; en Córdoba, con un centro ordinario y un CIS, a 1.800; en Cádiz, provincia con cuatro centros ordinarios y un CIS, a 1.101 presos/as; en Almería, 591; Málaga, 539. Granada1, Huelva y Jaén se situaron en cifras similares a esta última. Así pues, más de 9.000 asistencias a personas privadas de libertad han sido suprimidas sin alternativa y explicación alguna a las personas afectadas, las presas. Nueve mil asistencias de dieciséis mil trescientos presos/as dan luz de la importancia y utilización de este servicio para las personas privadas de libertad, que se quedan sin su única posibilidad de tener acceso a la justicia, en igualdad de condiciones que las personas libres. Es más, con mayor limitación que las personas en libertad, que pueden acudir al Colegio de Abogados a solicitar un abogado a través de la justicia gratuita. El servicio prestaba orientación sobre cualquier cuestión de carácter jurídico, garantizando que las personas presas tuvieran el debido acompañamiento. Como contenido más específico se contemplaba la redacción de escritos de petición y recursos y el seguimiento ante los órganos competentes sobre el ordenamiento jurídico en temas como trabajo, sanciones, libertad condicional, permisos de salida…

El pasado 17 de abril, la Directora General de Oficina Judicial y Cooperación de la Junta de Andalucía, anunció a los Colegios de Abogados de Andalucía la suspensión de los SOAJP, debido a la falta de firma, por parte del Ministerio del Interior, de la necesaria renovación del Convenio de Colaboración.

El citado Convenio de 3 de abril de 2008 establecía una vigencia inicial de tres años, si bien estableciendo sucesivas prórrogas por acuerdo expreso de las partes. La financiación corría a cargo de la Administración Autonómica. Finalizado el plazo establecido inicialmente, en abril de 2011, el servicio continó prestándose durante un año sin oposición por ninguna de las partes. De manera sorpresiva la Junta de Andalucía, escudándose en la falta de firma por parte del Ministerio, decidió comunicar a los Colegios la suspensión del servicio, hasta tanto se firme el citado Convenio por parte del Ministerio. Al parecer éste, por su parte, apunta como causa del retraso que la Administración Autonómica andaluza no remitió la solicitud de renovación hasta final del año 2011, cuando debió hacerse a principios del mismo.

Este enfrentamiento entre administraciones, de diferentes orientaciones políticas, lo están pagando los presos y las presas. Así pues, el 17 de abril pasado, algunos Colegios obedeciendo las citadas instrucciones suspendieron el servicio, en concreto, Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Jaén. Sevilla y Córdoba decidieron, valientemente, continuar prestando el servicio temporalmente, para no generar indefensión en los/as presos/as, hasta el día 30 de abril, fecha en la que se esperaba pudiera estar subsanada la firma. Ante la falta de subsanación y las dudas generadas, por una eventual falta de voluntad de su ratificación por el Ministerio y el aprovechamiento que de ello pueda hacer la Junta para ahorrar costes, se decidió suspender el mismo. El Colegio de Málaga es el único que continúa el servicio y tomará una decisión al respecto el lunes 7 de mayo. El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha mostrado al Gobierno la sorpresa y preocupación del organismo que preside por la suspensión del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria en Andalucía2.

Con anterioridad al citado Convenio tripartito, se prestaba el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria a través de Convenios de Colaboración entre cada Colegio de Abogados y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (hoy Secretaría General). De hecho, los citados Convenios fueron firmados por el Director General, hoy también Secretario General Ángel Yuste, datando el de Sevilla del mes de febrero del año 2001. Con anterioridad el servicio se prestaba en Málaga desde 1998. Desde 2002, en Córdoba y Granada, y el resto desde 2003.

Quince años después, 16.292 personas presas de los trece centros penitenciarios ordinarios y seis centros de inserción social (para terceros grados) están, desde esta semana, abandonadas y mal tratadas por las Administraciones. No tienen acceso a algo tan esencial como el derecho a la tutela judicial efectiva que se garantiza a través de la asistencia letrada.

Así pues, desde la APDHA exigimos a las dos Administraciones Públicas que desbloqueen la situación actual. En cualquier caso, instamos a la Junta de Andalucía a continuar su convenio con los Colegios de Abogados, aún cuando el Ministerio del Interior no aporta nada al citado Convenio, más allá de permitir la entrada a los establecimientos penitenciarios, ya que de hecho, los letrados tienen libertad per se para acceder a los mismos.

Lamentablemente, el Ministerio del Interior ha llegado a señalar3 que las personas presas no quedan desatendidas, ya que los centros penitenciarios disponen de un cuerpo de juristas al que pueden acudir los/as internos/as. Burda excusa, si se tiene en cuenta que los 5 juristas que de media hay por centro, padecen actualmente una sobrecarga que hace inviable que sustituyan a los abogados y las abogadas de los Colegios en la prestación de este servicio. De hecho, en el Convenio se reconocía por parte del Ministerio del Interior “la conveniencia de que sean los Colegios de Abogados los que realizaran dicho servicio en los Centros Penitenciarios de Andalucía, garantizando así la continuidad en el asesoramiento, atención y asistencia jurídica que se venía prestando, si bien procediéndose a una mejor regulación” 4.

La eliminación de estos servicios por parte de la Administración Autonómica, amparándose en la falta de voluntad del Gobierno Central, es un paso más en el recorte de derechos básicos del estado de bienestar. La Junta de Andalucía, que tanto se encarga de vociferar los recortes del Gobierno central, no puede privar a los más excluidos de este derecho básico. Pediremos al nuevo gobierno andaluz de coalición que restaure inmediatamente el servicio.

Al día de hoy, más de 600 personas presas han formulado solicitud de letrado y están a la espera de ser atendidas. Ninguna Administración les ha explicado la nueva situación. Como APDHA hemos iniciado una campaña de información y acompañamiento a los presos, a fin de que puedan exigir y reclamar su derecho a la asistencia letrada en Andalucía.

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