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Los abogados de Granada suspenden el asesoramiento jurídico a presos

21 de abril de 2012

El Colegio de letrados granadino asegura que toma la decisión por "solicitud expresa" de la Junta, que les conminó a dejar un servicio que no iban a cobrar.

GRANADA HOY (D.B.F.).- El Colegio de Abogados de Granada tomó ayer la decisión de suspender "con efecto inmediato" el Servicio de Asesoramiento Jurídico Penitenciario que se venía prestando diariamente a los reclusos de la prisión provincial de Albolote. Según explicaron fuentes colegiales, la decisión viene motivada por una "solicitud expresa de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía" a raíz de no firmar un convenio con el Ministerio del Interior para tal fin y, por tanto, ante la posiblidad de que esas prestaciones no sean abonadas.

El servicio se prestaba a consecuencia de la firma de un convenio tripartito suscrito entre la Dirección General de Instituciones Penitenciarias Interior, la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados. Este convenio "fue prorrogado indefinidamente el 28 de octubre de 2010 y requería la firma de una adenda que no se ha realizado, por razones que se imputan recíprocamente el Ministerio y la Junta de Andalucía". A finales del año pasado, ese documento debería haberse firmado, algo que no ha ocurrido y que, según las fuentes consultadas, es bastante poco probable que ocurra a corto plazo.

Por tanto, desde ayer deja de prestarse este servicio, al que están adscritos 272 letrados, todos ellos pertenecientes al Colegio de Abogados de Granada, que en 2011 prestaron asistencia a una media de tres internos diarios, lo que supuso un total de 651 asistencias a reos en Albolote.

A juicio del Colegio de Abogados, "resulta sorprendente que sea ahora la propia Junta de Andalucía la que solicite la suspensión del servicio por razones económicas y administrativas teniendo en cuenta que, en su día, ante la suspensión del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita" por parte de este organismo "denunció al decano del Colegio ante la Fiscalía Provincial de Granada alegando que podrían estarse conculcando derechos fundamentales de los justiciables".

Por su parte, tras conocerse la decisión del Colegio de Abogados de Granada -que, por otra parte, es similar a la tomada a comienzos de esta misma semana por otros colegios de letrados andaluces como Cádiz o Huelva-, la Consejería de Gobernación y Justicia quiso aclarar que ha decidido "parar" el servicio de asesoramiento jurídico penitenciario que se venía prestando diariamente a los internos porque "teme" que el Ministerio de Hacienda no va a firmar la adenda que prorroga el convenio a tres bandas.

Según explicó a Europa Press el secretario general de Justicia de la Junta, Pedro Izquierdo, el convenio contiene adenda que se prorrogan todos los años, en las que se cuantifican el esfuerzo presupuestario que hace la Junta para desarrollar este servicio. La Consejería de Gobernación y Justicia, en el mes de diciembre, tenía redactada la adenda y firmada por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y por la Administración andaluza, por lo que se remitió al Ministerio del Interior en diciembre, coincidiendo con el cambio político en el Gobierno.

Por todo ello, "estamos esperando que el Ministerio del Interior firme la adenda", aunque aún no lo ha hecho alegando que según la Ley de Estabilidad Presupuestaria son "preceptivos" informes del Ministerio de Hacienda, de la Abogacía del Estado, de la secretaría técnica de Interior y de la comisión delegada de Política Territorial.

"Desde diciembre estamos llamando a Instituciones Penitenciarias, quién valora el servicio de asesoramiento, para ver qué pasa con el convenio, pues hasta la fecha se ha ido prestando el servicio en la confianza de que posteriormente se cubriría con carácter retroactivo".

De otro lado, Izquierdo indicó que durante las últimas comisiones de seguimiento han demandando que la adenda se firme para seguir prestando el servicio. Ante esta situación, hace cuestión de varios días la Junta fue informada por Interior que estaban a la espera de un nuevo informe de Hacienda.

Ante todo esto, el secretario general de Justicia señaló que, "sobre esta base, hemos decidido que no podemos seguir prestando el servicio porque no tenemos la cobertura del convenio que la ampara". Además, recientemente se conocieron unas declaraciones desde Instituciones Penitenciarias que hicieron "saltar las alarmas", pues afirmaba que el servicio de asesoramiento era "prescindible" porque contaban "con un cuerpo de letrado que puede prestar asesoramiento a los internos".

A la vista de esto, "hemos decidido parar porque no hay garantías de que se prorrogue el convenio", afirmó Izquierdo, quien manifestó que la Junta "teme" que la adenda no se va a firmar.

Para Izquierdo es "sorprendente" que, ante este cese del servicio, colegios de abogados como los de Granada "digan que nosotros -Junta- suspendemos el servicio". "No suspendemos el servicio, sino que no lo podemos prestar".

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