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El Colegio de Abogados de Huelva suspende el servicio jurídico penitenciario

19 de abril de 2012

La demora en la renovación del acuerdo sobre la prestación hace reaccionar a los letrados, que temen que los trámites se eternicen y sus actuaciones no sean retribuidas

HUELVA INFORMACION (RAQUEL RENDÓN).- El Colegio de Abogados de Huelva suspendió en la jornada del martes el Servicio de Orientación y Asesoramiento Jurídico Penitenciario (Soajp) siguiendo las instrucciones del propio Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y por recomendación de la Dirección General de Oficina Judicial y Cooperación de la Junta de Andalucía, institución encargada de sufragar la prestación.

El detonante de esta situación es la demora de la rúbrica del convenio a tres bandas que permite poner en marcha el servicio, cuyos firmantes son la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (dependiente del Ministerio de Interior), la Consejería de Gobernación y Justicia y el propio Consejo de Colegios de Abogados andaluces.

Fuentes de la Administración Autonómica explicaron ayer a este diario que el trío institucional acordó el 12 de marzo de 2008 poner en marcha el servicio de asesoramiento jurídico a las personas que se encuentren internas en los centros penitenciarios de Andalucía, un pacto que se renueva anualmente a través de una addenda. Según las fuentes autonómicas consultadas por este periódico, en octubre la Dirección General de Oficina Judicial y Cooperación ya "envió toda la documentación necesaria" para la actualización del acuerdo al Gobierno central. El 19 de diciembre aún no "había respuesta" por lo que la Junta de Andalucía culminó la remisión de todos los documentos pertinentes y se dispuso a esperar.

Este año ha echado a andar, pues, sin que el Ejecutivo se hubiera pronunciado, según la Junta. El pasado 23 de enero, la directora general de Oficina Judicial, Ana Moniz, remitió un oficio a Instituciones Penitenciarias en el que solicitaba información acerca de la tramitación de la firma de la addenda. La respuesta llegó el 8 de febrero y anunciaba a la Junta que "la renovación del acuerdo está pendiente de los preceptivos informes del Ministerio de Hacienda y Administración Pública, la Abogacía del Estado, la Secretaría General Técnica y la Comisión Delegada de Política Territorial".

En definitiva, la Consejería de Gobernación "no puede actuar hasta que el Ministerio no dé el visto bueno", ya que estaría incurriendo en una irregularidad al no contar con uno de los vértices del triángulo para reactivar el acuerdo.

La versión del Ejecutivo de Rajoy es bien distinta. Instituciones Penitenciarias explicó ayer a este rotativo que "nos estamos refiriendo al convenio de 2011, cuya solicitud de renovación se hace normalmente a principios de ese año; sin embargo, la Junta de Andalucía nos lo solicitó el 21 de noviembre pasado". Además, según las fuentes consultadas, "casi a un mes de que finalizara el año envió los documentos directamente al ministro del Interior saliente, Antonio Camacho, saltándose todos los pasos legales para la renovación de convenios que supongan un gasto para cualquier administración pública".

Es decir, que el desaguisado no se arreglará hasta que no estén listos los ya referidos informes preceptivos y vinculantes, fundamentales para la actualización del acuerdo, aclaró Instituciones Penitenciarias, "y no sabemos cuánto puede tardar".

El decano del Colegio de Abogados de Huelva, Juan José Domínguez, enviaba el martes una misiva a los letrados -carta a la que ha tenido acceso Huelva Información- para anunciarles que, aunque "en principio, parece que se trata de una suspensión temporal (...), en este momento deben suspender los servicios". Domínguez advirtió además a los juristas que "los aludidos trámites podrían demorarse bastante y es necesario evitar que se devenguen actuaciones que no vayan a ser retribuidas".

El responsable del Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados de Huelva, Fernando Rodríguez Verdugo, apuntó que "debe ser una cuestión burocrática que igual se solventa pronto".

En la actualidad prestan asistencia jurídica penitenciaria en la provincia de Huelva 75 letrados. A lo largo de 2011 se beneficiaron de este servicio 385 internos de la cárcel de La Ribera y en lo que va de 2012, 110. Durante el primer trimestre de este año ya se han prestado 51 servicios (en cada uno de ellos un abogado puede atender a entre dos y cuatro presos) de los 200 previstos para el ejercicio.

A través del Soajp, los reclusos reciben orientación sobre temas como los permisos, la libertad condicional, procedimiento sancionador o trabajo penitenciario. También sobre cuestiones relativas al cumplimiento de las penas e incluso la redacción de solicitudes y recursos, entre otros muchos asuntos. En definitiva, el letrado hace de enlace entre el preso y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Los abogados consideran que esta prestación, que no es obligatoria por Ley y no existe en todas las comunidades autónomas, puede ser valorada como prescindible y estar abocada a desaparecer.

Instituciones Penitenciarias subrayó que "los internos no van a quedar desasistidos porque tenemos un cuerpo propio de juristas en las cárceles, por lo que el servicio andaluz es complementario al nuestro".

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados está analizando las medidas a adoptar y la posibilidad de celebrar una reunión urgente, sea de la Comisión Permanente o monográfica sobre la materia, para abordar el asunto.

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