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Piden 101 años a tres funcionarios por prácticas mafiosas en la cárcel de Palma

29 de enero de 2012

Los acusados facilitaban drogas, alcohol y teléfonos móviles a los reclusos a cambio de dinero.

DIARIO DE MALLORCA (B. PALAU).- Demoledora acusación contra la mafia de la cárcel de Palma. Cohecho, amenazas, tráfico de drogas, coacciones, atentado a la autoridad, abuso de funciones públicas, obstrucción a la justicia, revelación de secretos, abuso sexual... Tres funcionarios de la prisión palmesana se enfrentan a un rosario de graves delitos por presuntamente llevar a cabo reiteradas prácticas mafiosas en el centro penitenciario de la isla entre los años 2002 y 2008. La fiscalía reclama penas que suman 101 años de cárcel para estos tres trabajadores imputados, dos de ellos rivales que supuestamente pugnaban por el poder y el dominio sobre los reclusos, así como por el control del tráfico de drogas en el centro penitenciario.

Entre los acusados se encuentra Antonio C.O., de 41 años, quien dio nombre a la ‘Operación K.O.’ que supuso la desarticulación de la trama de corrupción en la prisión de Palma en el verano de 2008. El fiscal solicita para él una condena de 47 años de cárcel al considerar que se trata del líder de uno de los grupos de funcionarios mafiosos que operaban en el centro. Su oponente, Mario F.L., de 44 años, se enfrenta a una petición del ministerio público de 30 años de prisión por presuntamente desplegar una actividad ilícita similar a la de su competidor a cambio de dinero o favores sexuales. De hecho, a uno de los presos con quien tenía una gran fijación supuestamente le practicó una felación aprovechándose de la situación de superioridad que le otorgaba su cargo de funcionario de Instituciones Penitenciarias.

Los sospechosos supuestamente controlaban el tráfico de estupefacientes en la cárcel de Palma y beneficiaban a sus reclusos de confianza. En multitud de ocasiones facilitaban a los internos cocaína, heroína, teléfonos móviles y alcohol a cambio de dinero, a sabiendas de que se trataba de género prohibido por la reglamentación del centro penitenciario, según la acusación.

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