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El Estado pagará 100.000 a la familia del preso asesinado en Zuera

18 de enero de 2012

El juez remarca que debieron hallar el pincho y que había pocos guardias. Santiago Domínguez, el recluso que le mató, condenado a 12 años.

EL PERIODICO DE ARAGON (F. M. H.).- El Estado deberá indemnizar con más de 100.000 euros a la familia del preso que fue asesinado en febrero del 2010 en Zuera, según una sentencia que condena también a Santiago Domínguez Corbalán, el recluso que le mató, a 12 años de prisión. El juez de la Audiencia Provincial de Zaragoza que presidió el juicio considera que Instituciones Penitenciarias debe asumir el pago al no haber garantizado la seguridad de la víctima entre los muros de la prisión..

Los hechos, tal como los declaró probados el jurado, comenzaron cuando el condenado, que llevaba una semana en Zuera proveniente del Puerto de Santa María --le quedaban nueve meses de una condena por delitos menores-- se cruzó con la víctima, A. J. H., y este le pidió un cigarro. Domínguez se negó a dárselo y discutieron, aunque pararon al ver a los guardias.

Aunque estaba prohibido, el condenado pasó la siesta en la celda de Luis Rogelio V. M. y cuando se abrieron las celdas fue a la de la víctima. Según la versión de los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón, que el jurado creyó, le asestó una puñalada con un pincho carcelario que perforó el corazón. Mientras se le iba saturando de sangre, tuvo tiempo de defenderse de las agresiones de Domínguez. Luis Rogelio V. M. estaba fuera, pero el jurado no creyó probado ni que le ayudara ni que impidiera entrar a un preso amigo de A. J. H.

La decisión del tribunal popular reconocía que, pese a ser culpable de asesinato, Domínguez actuó en un arrebato, por lo que su abogado defensor, José Álvarez, pidió una condena máxima de tres años y nueve meses; el juez, sin embargo, cree que, aunque el jurado apreciase el impulso como circunstancia que rebajaría la condena, no debe reducirla tanto considerando que el acusado continuó agrediendo a la víctima tras el pinchazo que al final le causó la muerte.

INDEMNIZACIÓN

El juez le impone a Domínguez Corbalán la prohibición de acercarse en doce años a la familia de la víctima, a la que deberá pagar los citados 100.000 euros: 41.830 para cada uno de los dos hijos --otra hija tendrá que acreditar que tenía relación con él-- y 9.687 para cada progenitor.

La acusación particular pedía más, pero el juez da la razón al Abogado del Estado al considerar que los hijos no vivían con el padre, por lo reduce un 50% el dinero solicitado.

El Ministerio del Interior, a través de Instituciones Penitenciarias, tendrá que afrontar el pago, ya que el jurado no consideró probado que el centro penitenciario cumpliese con su obligación de proteger a A. J. H.. Según recoge el juez en la sentencia, aunque "no se sabe de dónde sale" el pincho, los registros deberían de haberlo detectado. Además, debería haber más de dos guardias en un módulo de presos "peligrosos y difíciles" como el que fue escenario de los hechos.

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