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Manifiesto para una lucha contra las torturas y malos tratos en las cárceles españolas

16 de diciembre de 2011

La iniciativa de esta campaña parte de dentro de las cárceles: unos sesenta presos, apoyados desde la calle por algunas personas y grupos solidarios han iniciado ayunos mensuales acompañados de denuncias a quien corresponda.

www.grupotortuga.com - BOLETIN TOKATA.- Si torturar es infligir a una persona, con cualquier utensilio o método, un grave dolor físico o psicológico, con intención de castigarla u obtener algo de ella (información, una confesión, obediencia, sumisión…), entonces, la cárcel y el sistema penal cuyo centro ocupa, así como el régimen de dominación y explotación capitalista a cuyo servicio está evidentemente la acción punitiva del Estado, se pueden definir como máquinas de tortura. Sin embargo, por razones que iremos explicando en el desarrollo de este texto, nos referiremos en primer lugar a la tortura y a los tratos crueles, inhumanos o degradantes más evidentes, es decir, el empleo de la violencia física directa, usados rutinariamente por los agentes de la administración del Estado para alcanzar los fines de la misma, y enseguida, a los que son consecuencia inmediata de su funcionamiento “normal”.

Las primeras en constatar que los malos tratos y las torturas constituyen un instrumento empleado sistemática y cotidianamente por los carceleros para hacer funcionar la máquina penitenciaria son las propias personas presas. Especialmente, algunas que ya se han significado a menudo por su actitud rebelde frente a la institución y por una lucha permanente y desesperada contra ella en defensa de su dignidad. Para los servidores de la dominación, su actitud insumisa es razón suficiente para deslegitimar sus denuncias; para nosotros, sucede precisamente lo contrario. En los relatos sobre sus experiencias de lucha y sobre la represión consiguiente, constatan también la ineficacia de los procedimientos institucionales de prevención contra la tortura y algunas estiman la necesidad de sustituirlos por otros. Desde luego que no confían en los Jueces de Vigilancia Penitenciaria ni en el resto de tribunales y juzgados, ni en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ni en el Defensor del Pueblo y denuncian incluso su complicidad en la creación de las condiciones de su indefensión frente a la tortura.

Entidades nada sospechosas de radicalismo antisistema como el Relator especial, el Subcomité contra la tortura o el Comité de los Derechos del Niño, los tres de la ONU, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otras organizaciones más o menos gubernamentales han denunciado también la existencia de la tortura en el territorio del Estado español y la impunidad creciente con que se practica, así como ciertas situaciones institucionales que la favorecen, como los regímenes de incomunicación de detenidos o de aislamiento de presos.

A pesar de la adhesión formal del Estado español a todas las convenciones, protocolos y pactos internacionales contra la tortura habidos y por haber, hay muchos signos de que no existe voluntad política de erradicar esa siniestra y repugnante práctica. Los gobernantes, legisladores, magistrados y administradores españoles participan fervorosamente en el ritual de la impunidad: han instaurado la cadena perpetua de hecho; han apuntalado legalmente el régimen FIES; mantienen y piensan mantener la detención incomunicada; defienden a los torturadores cuando son denunciados, los indultan cuando llega a condenárseles, y hasta los han ascendido o condecorado en muchas ocasiones.

También ha quedado demostrado el corporativismo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en defensa de su arbitrariedad represiva y la indulgencia que, lo mismo que los políticos, les prodigan los tribunales y la mayor parte de los medios de comunicación, por la que se hacen descaradamente cómplices de sus abusos.

Aunque no existe nada parecido a una opinión pública independiente, a juzgar por su pasividad, se puede pensar fácilmente que la mayor parte de la población acepta sin el menor escrúpulo el adoctrinamiento de los “creadores de opinión”.

Por otra parte, los mecanismos recientemente montados en cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos por el Estado español se amalgaman con los que ya no funcionaban. Designando como Mecanismo Nacional de Prevención (de la tortura) al Defensor del pueblo, que no ha mencionado la palabra tortura más que una sola vez desde su creación y la ha borrado incluso de las siglas de su nuevo título europeo, y que en su primer informe en cumplimiento de esas nuevas funciones no menciona tampoco ni un solo caso de la misma. O nombrando vocal español del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa a un juez de la Audiencia Nacional como Baltasar Garzón, acostumbrado, en la ejecución de sus tareas en ese tribunal de excepción, a montar sus sensacionales sumarios sobre atestados policiales consistentes en informaciones logradas dentro del régimen de incomunicación mil veces denunciado como propiciador de la tortura, y en declaraciones de los imputados conseguidas igualmente, sin preocuparse lo más mínimo por las denuncias de haber sido torturados interpuestas las más de las veces por ellos. Eso convierte en la práctica esas instituciones en nuevos ritos de impunidad, mecanismos de ocultación y lavado de cara que garantizan la impunidad efectiva de los torturadores en lugar de impedirla.

Existe una Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, compuesta de una cierta cantidad de grupos, con sede en diferentes puntos del territorio del Estado español que, aunque bastante heterogéneos, tienen en común su preocupación por el control, visibilización, denuncia y prevención de la tortura desde la sociedad civil. Hace años que, aparte de las actividades propias de cada grupo, vienen formando una base de datos sobre la tortura, cuyos contenidos van dando a conocer por medio de informes anuales, y elaborando y difundiendo también de forma sostenida un discurso crítico muy coherente sobre el tema. Esos informes indican una cantidad importante de denuncias (más de 7000 desde 2001), señalando asimismo el hecho evidente de que la tortura está generalizada en todo el territorio del Estado español, en todos los lugares de encierro especialmente, y que han sido denunciadas reiteradamente todas las policías y cuerpos de carceleros y agentes de seguridad del Estado. Informan también del imponente número de muertes bajo custodia que se producen constantemente (853 desde 2001), poniendo en evidencia la destructividad de las instituciones punitivas y especialmente de la cárcel.

Una gran cantidad de casos de violencia institucional, conocidos a pesar las limitaciones en implantación territorial y acceso a la información de los colaboradores de la coordinadora y, sobre todo, de una serie de mecanismos o filtros que llevan a que en la mayor parte de las ocasiones no se denuncien las agresiones sufridas: el hecho de que las torturas se producen en lugares ocultos, sin más testigos que la persona torturada y sus torturadores que, evidentemente, se encubren entre sí; el temor fundado a represalias ya que el denunciante queda a merced de los denunciados; las contradenuncias típicas por atentado, resistencia, desobediencia o lesiones en los dedos de las manos de los funcionarios, que pueden traer incluso una nueva condena para el denunciante; la superficialidad y cobardía de los exámenes médicos, mal hechos o que llegan tarde; la presunción de veracidad que el sistema judicial otorga a “la autoridad en el ejercicio de sus funciones”; la falta de “tutela judicial efectiva” y la inoperancia de la fiscalía, con el frecuente archivo de las denuncias y negligencia en las diligencias de investigación; la obstrucción administrativa a su realización; la descalificación y criminalización de quienes intentan apoyar a los denunciantes… Todo lo cual hace pensar que esos casos conocidos sólo constituyen la punta del iceberg de los que verdaderamente se producen.

(...) MANIFIESTO COMPLETO EN ARCHIVO PDF ADJUNTO.

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