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Construir cárceles, una industria boyante

6 de diciembre de 2011

Los recortes en el gasto público no parecen haber afectado a la construcción de nuevas cárceles. A lo largo de este año, está previsto que entren en funcionamiento, en el Estado español, varios centros penitenciarios, entre cárceles, centros de inserción social y unidades de madres. Este boom constructor se enmarca en el plan de creación de 46 nuevos centros penitenciarios, incluidas once cárceles, entre 2006 y 2012, que se marcó el actual Gobierno, como solución al enorme crecimiento de población penitenciaria. A pesar de que el territorio español cuenta con casi 80 prisiones, actualmente se están construyendo o ultimando los centros penitenciarios de Murcia II, Las Palmas II, Norte I (o de Zaballa, en Álava), Norte II (en Navarra), Menorca y Lanzarote, además de los centros de inserción social (centro de tránsito hacia la vida en libertad) de Valladolid, Madrid II, Jerez de la Frontera, Ceuta, Pamplona (en Zubieta) y la Unidad de Madres de Madrid. Y se han inaugurado durante este año también el centro de inserción social de Albacete y el de Murcia; a lo que hay que sumar los movimientos de tierra que ya se están realizando para los futuros centros de Ceuta, Soria y Málaga II, en paralelo con las pertinentes gestiones para construir otro más en la Comunidad Valenciana –Levante II–, y Norte III, en Gipuzkoa, etc. Esta frenética construcción de equipamientos penitenciarios es el resultado del actual Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios 2005-2012.

KAOS EN LA RED - DIAGONAL (R.M.C.).- Según explica César Manzano, de la asociación de apoyo a las personas presas Salhaketa, dicho plan “es del ‘91 pero se reeditó cuando el PSOE volvió al poder en 2004.

Aprobaron en dos consejos de ministros dedicar 3.000 millones de euros para construir cárceles”. De este plan, la mayor parte se la llevan las macrocárceles. Este último modelo de prisión tipo conlleva una cuantiosa inversión en cerca de 30- 35 hectáreas de terrenos comprados, proyectados, licitados, construidos y equipados por un organismo que depende de Interior a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y que recibe el nombre de Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SEIP). Creada en 1992, la SEIP es una voluminosa empresa pública de la que apenas oímos hablar, que crece, a pesar de que el presupuesto para prisiones disminuye (el presupuesto para prisiones es de 1.183.734.300 euros en 2011, un 4,09%menos que el año anterior) lo que parece poner sobre la mesa una extraña cuestión: hay más plazas penitenciarias, pero menos recursos.

“CUENTAS SANEADAS”

Dirigida desde 2008 por Ángel Martínez Sanjuán, exsecretario general del PSOE de La Rioja, la SEIP en su memoria anual de 2010 presume de tener “unas cuentas saneadas, y equilibradas”, amén de una gestión que se mira “en los principios de la transparencia, cercanía y eficacia”. Transparencia un tanto extraña, ya que la solicitud de entrevista a sus responsables de DIAGONAL fue rechazada por su departamento de comunicación alegando que “la política de la empresa es la de no ofrecer entrevistas”.

Pero la memoria de la SEIP habla por sí sola: la actividad carcelaria se ha vuelto un negocio rentable que no sólo genera beneficios aquí, sino que ha dado un salto al “establecer una estrecha relación con organismos y empresas españolas que participan en el desarrollo de los intereses nacionales fuera de nuestras fronteras”.

Dicho en otras palabras, a través de múltiples convenios, la SEIP está participando en el diseño, construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento de prisiones en Angola, Brasil, Qatar, Chile, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos, México, Nicaragua, Noruega, Paraguay, Uruguay y Agen.

En el Estado español, con la media de presos más elevada de la UE, la construcción de macrocárceles está en pleno apogeo y la extensión en hectáreas de las mismas también nos sitúa a la cabeza de los países de nuestro entorno. Unas nuevas macrocárceles ubicadas cada vez más lejosde los núcleos de población, que generan además desadaptación social y desvinculación familiar.

Si la media de las cárceles europeas es de 593 plazas, según explicó el sociólogo Pedro Cabrera en una charla durante unas jornadas organizadas por Instituciones Penitenciarias, aquí, la media es de 923 plazas por cárcel.

Los nuevos centros tipo españoles (que añaden como ventaja una celda que tiene 13 metros cuadrados en vez de diez) cuentan con 1.008 celdas. Pero aunque la Ley General Penitenciaria recoge que tiene que haber sólo una persona por celda, la realidad es que normalmente son dos quienes la ocupan. Como la SEIP ya prevé esta sobreocupación, en las celdas hay literas, por lo que las cárceles pasan a tener más de 2.000 plazas.

“LUCHA CONTRA LOS POBRES”

Sin embargo, frente al aumento de plazas carcelarias, la dotación de medios no ha crecido en la misma proporción, un hecho que manifiestan constantemente sindicatos de funcionarios de prisiones, presos y sus familiares, y las mismas entidades sociales que trabajan con los reclusos. Como no hay fondos suficientes para tantas personas privadas de libertad, “este tipo de recursos se externaliza y lo que debiera asumir Instituciones Penitenciarias” lo asumen en la medida de sus posibilidades casi 600 entidades sin ánimo de lucro y ONG que trabajan en prisión, resalta Cabrera.

Pese a los cambios en los tipos de cárceles, su clientela no ha variado mucho. El tipo medio del preso sigue siendo el mismo: 40% trabajadores no cualificados, 50% con estudios primarios, 8% analfabetos, extranjeros sin papeles cuyos proyectos migratorios han fracasado, etc. Y los delitos más comunes que terminan en prisión son los relacionados con el patrimonio y contra la salud pública, más visibles frente a los ‘de cuello blanco’. Según sostiene Manzano, “hay que romper con la idea, muy relativa, de que la cárcel, o el sistema penal, tienen que ver con la delincuencia. Es un sistema en el que han caído los peces que han sido atrapados. El 99% de los delitos, según numerosas investigaciones criminológicas, no son ni percibidos, ni perseguidos, ni penalizados, ni sus autores van a prisión. Como dicen los propios presos: ‘En prisión no estamos los delincuentes, sólo una parte ínfima de los delincuentes, que somos los delincuentes fracasados’”.

Según Cabrera: “La lucha contra la pobreza se ha convertido en la lucha contra los pobres” en una sociedad “que es incapaz de integrar el conflicto” y cuya tendencia es una carrera desenfrenada en la obsesión por la seguridad, el fomento del miedo al otro como política, el populismo punitivo, el control social y la privatización del castigo”, que trae consigo un incremento tan elevado de los encarcelamientos. Para el profesor de Derecho Penal Julián Ríos, “la escandalosa y objetivable desproporción entre los recursos humanos y materiales empleados en la vigilancia y los dedicados a la reinserción social” hacen “difícilmente conciliable el objetivo educativo y socializador otorgado constitucionalmente a la pena”.

EL IMPACTO SOCIOECONÓMICO

Según el primer estudio hecho en 2008 por la SEIP sobre el impacto socioeconómico de la apertura de un centro, una de las nuevas macrocárceles tipo –con 1.008 celdas y más de 35.000 hectáreas– genera no menos de 684 puestos de trabajo directos (501 funcionarios, 83 laborales y 100 guardias civiles) y 17,6 millones de euros en sueldos. Entre los 22 y 26 meses que dura su construcción una macroprisión tipo necesita de 853 personas para levantarla, entre trabajos directos e indirectos y el Estado paga a las concesionarias privadas que la construyen una media de 110,6 millones de euros, un negocio equivalente a levantar una urbanización de semilujo para 400 familias, con la ventaja de que no hay que venderlos en plena recesión.

TODO PARA EL PRESO SIN EL PRESO

Según sostiene César Manzano, de la asociación Salhaketa, según los datos de los presupuestos generales del Estado, “una plaza carcelaria cuesta anualmente entre 30.000 y 36.000 euros, de los cuales la mitad se han ido o se están yendo en toda esta última década en la construcción de macrocárceles, es decir, a empresas privadas que se lucran con su construcción”.

De los otros 18.000, 12.000 euros se van en pagar a funcionarios y personas que viven de mantener encerradas a las personas presas, y los últimos 6.000 euros en pagar gastos corrientes y servicios –la luz, el teléfono, etc.–. “Para los presos no queda nada, lo justo. ¿Qué tiene que ver esto con la rehabilitación y la reinserción?”, se pregunta Manzano.

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