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14 años de cárcel para los presos implicados en el motín de Picassent

19 de mayo de 2010

Los reclusos deberán pagar 5.200 euros a los funcionarios a los que agredieron y el fallo libra al Estado de responsabilidad civil.

LAS PROVINCIAS – EFE.- El secuestro y agresión que sufrieron dos funcionarios de la cárcel de Picassent por parte de dos reclusos amotinados ya tiene su respuesta judicial: los presos han sido condenados por la Audiencia de Valencia a 14 años de prisión por delitos de detención ilegal y atentado, además de un falta de lesiones.

La tensión se adueñó de la prisión el 23 de marzo de 2008, durante la hora del recuento. Según la Fiscalía, Antonio B. G. y Rafael D. G. se habían compinchado para protagonizar un motín. Juntos, burlaron el control a la hora del cierre de las celdas y se escaparon hacia la galería del módulo 28.

Fue allí donde se desató la violencia. Antonio propinó un puñetazo a uno de los trabajadores. La víctima perdió un diente y estuvo un mes de baja.

Después, el recluso y su colega esgrimieron cuchillas de afeitar. Con este instrumento cortante retuvieron por la fuerza a los funcionarios en la galería. A uno de ellos le golpearon varias veces, lo que le causó lesiones en la pierna y en la cadera.

Rafael inmovilizó al otro funcionario, al que obligó a arrodillarse mientras le amenazaban con cortarle el cuello con la cuchilla, asegura el fiscal. «Si se mueve, lo matas», advertía Antonio a Rafael a escasa distancia.

Mientras, los acusados profirieron expresiones amenazantes contra los empleados y les impidieron abandonar la galería hasta que la situación fue depuesta con la llegada de refuerzos. Uno de los funcionarios se zafó poco antes de los reclusos gracias a sus conocimientos en artes marciales.

La Audiencia de Valencia impone a los dos presos una multa de 135 euros. Uno de los reclusos deberá pagar 500 euros a uno de los funcionario. Su colega debera indemnizar con la misma cantidad a esta víctima y, además, pagar 4.200 euros al otro trabajador por las lesiones y secuelas.

El fallo libra al Estado de responsabilidad civil subsidiaria. La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) afirma que la Administración no invierte en prevención y asegura que la instalación una puerta esclusa impediría este tipo de agresiones.

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