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La cárcel que viene

17 de enero de 2010

De nombre Zaballa, sus 2.000 futuros inquilinos convertirán a la prisión en la décima ciudad alavesa. La obra pende del hilo del Tribunal Supremo, que lleva ya seis meses para decidir si acepta el recurso foral que paralizaría los trabajos de forma cautelar. LAS REACCIONES: * ÁNGEL MARTÍNEZ SANJUÁN | PRESIDENTE DE LA SIEP: «El futuro centro penitenciario es una oportunidad, no un problema» * MIKEL MINTEGI | DIPUTADO DE MEDIO AMBIENTE: «Tenemos serias esperanzas de que el Supremo paralice las obras de forma cautelar» * CÉSAR MANZANOS | SOCIÓLOGO Y PORTAVOZ DE SALHAKETA: «Es una barbaridad tanto por el concepto de macrocárcel como por el destrozo ambiental».

EL CORREO DIGITAL (ADOLFO LORENTE).- Bienvenidos al nuevo municipio de Álava. Se llamará Zaballa y ya se puede adivinar en el antiguo polvorín militar que le ha prestado su nombre. Allí, al otro lado de la N- 1, en el pueblo de Nanclares de la Oca, en una ladera próxima a los Montes de Vitoria. Una docena de pesadas grúas marcan el ritmo de ejecución. 2011 es la meta. Sus hechuras son del tal calibre que en lo relativo a la población, sus más de 2.000 potenciales inquilinos le situarán en el décimo puesto del nomenclátor alavés, ahora integrado por 51 ayuntamientos. Pese a estar gobernada, carecerá de Casa Consistorial. No será un pueblo al uso. Porque la ciudad que viene, esa tal Zaballa, será una cárcel. Sí, un centro penitenciario de ultima generación en materia edificativa que nacerá con un problema hereditario: la tan temida oposición social, ecologista e incluso política. El embrión ya está en avanzada fase de gestación, pero el Tribunal Supremo, que ahora tiene la pelota en su tejado, podría abortar de forma cautelar su alumbramiento si acepta los argumentos contrarios de índole medioambiental presentados por la Diputación de Álava. «Es la construcción más grande que jamás se ha hecho en el territorio y además, sin ningún tipo de licencia», lamenta Mikel Mintegi, diputado de Medio Ambiente.

Pero las opiniones van por barrios. «El hecho de que vayamos a hacer una cárcel en Zaballa no significa que vayamos a hacer lo que se nos ponga en la nariz. La obra es legal y el Supremo no va a parar los trabajos. Además, hay precedentes similares como el de Pamplona en el que el tribunal ni siquiera entró al fondo del asunto», aseguraba en una reciente entrevista en EL CORREO Ángel Martínez, presidente de la SIEP, dependiente del Ministerio del Interior.

Con mayor o menor carga de credibilidad e intencionalidad política, estas manifestaciones no dejan de ser opiniones. La realidad, lo tangible, es que el futuro del flamante complejo penitenciario de Zaballa pende del hilo del Alto Tribunal. Su sección quinta de lo contencioso-administrativo ya emitió un auto el 8 de julio de 2009 en el que se desestimaba la petición de suspensión cautelar de las obras solicitada por el Gobierno vasco y la Diputación para evitar el impacto en el entorno natural si finalmente se declara ilegal el procedimiento usado por el Gobierno central.

Pese al varapalo, la decisión fue recurrida por el Gabinete Agirre. Desde entonces, seis meses después, la noticia es que no hay noticia. ¿Y si el Alto Tribunal decide ahora parar las obras? El daño, de haberlo, ya estaría más que consumado a tenor de las imágenes que hoy publica este diario. «Tenemos serias esperanzas de que nos den la razón», asegura Mintegi. ¿El motivo? Que uno de los cinco magistrados, el ponente, emitió un voto particular advirtiendo del impacto de los trabajos y proponiendo una suspensión de seis meses para analizar con calma la problemática.

Pese a todo, medios jurídicos próximos a la Diputación consideran poco menos que inviable esta opción. Ya lo dijo el propio diputado general, Xabier Agirre: «no me cabe ninguna duda de que, al final, la cárcel se hará por eso del interés general. Eso sí, las cosas se podían hacer bien y no como se han hecho». De consumarse el portazo judicial, el Ejecutivo foral recurrirá a instancias europeas, «hasta el final», avanza Mintegi.

CONSEJO DE MINISTROS

No hay que olvidar que lo que ahora está en juego es la suspensión cautelar de la obra, no el fondo del asunto, es decir, saber si el consejo de ministros, el 28 de noviembre de 2008, actuó de forma diligente eximiendo al proyecto de someterse a la declaración de impacto medioambiental exigida por la ley. Como argumento, el Gabinete Zapatero esgrimió el «interés general» del proyecto por su «urgencia» y «perentoriedad». «Si alguien piensa que la SIEP va a hacer un mamotreto urbanístico de 100 millones de euros sin medidas correctoras medioambientales está equivocado. Por ejemplo, va a ser uno de los primeros centros sin torre de vigilancia. No va a parecer una cárcel», apostilla Martínez.

A saber: tendrá una superficie construida equivalente a 18 campos de fútbol, dispondrá de 720 celdas comunes de 13 metros cuadrados más 152 para atender situaciones extraordinarias, en torno a 500 funcionarios velarán por la buena marcha del complejo y costará 103 millones de euros -unos 17.000 millones de pesetas-.

Más pinceladas: la cárcel dispondrá de un amplio polideportivo con pistas de fútbol, baloncesto, piscina cubierta, frontón, gimnasio, biblioteca, sala de estudios, auditorio, talleres ocupacionales... Sí, será una cárcel.

Una de las principales dudas surgidas en torno al futuro uso del centro es su capacidad. En teoría, o eso asegura la SIEP, las 720 celdas serán «individuales». Sin embargo, diferentes colectivos, como Salhaketa, no tienen ninguna duda de que habrá dos reclusos por habitáculo, como ocurre «en todas las prisiones». De ser así, la población reclusa podría dispararse en sus picos más altos hasta los 1.500 penados. Todo esto sin contar al medio millar de funcionarios. «Mienten. Serán dobles y pasará como en la cárcel actual de Nanclares, que pese a tener capacidad para 500, ha llegado a tener mil personas», recalca César Manzanos, doctor en Sociología y portavoz de este colectivo.

De ahí que Zaballa, el nuevo municipio de Álava, superará con creces la población de las localidades que a nivel numérico componen el segundo escalafón: Laguardia, Labastida, Artziniega o Aramaio son algunas de ellas. Pese su volumen, el alcalde de Iruña de Oca, el socialista Javier Martínez, quita hierro al debate surgido en torno al tamaño del complejo. No en vano los opositores al proyecto utilizan el concepto «macrocárcel» de forma despectiva. «Eso de que el día a día de Nanclares puede verse desvirtuado es un debate absurdo y demagogo», lamenta el regidor.

Respecto a las reiteradas denuncias de ilegalidad lanzadas desde la Diputación, Martínez no titubea: «la actuación de Mintegi y determinados grupos responde más a intereses políticos que a criterios medioambientales». En declaraciones a este periódico, niega que exista un conflicto social en el pueblo y se felicita de haber conseguido reducir «al mínimo» su impacto ambiental y visual evitando, por ejemplo, que tuviera torre de vigilancia. «La cárcel se llamará Zaballa, no Nanclares, de ahí que sigamos trabajando para evitar que nuestro nombre siempre se asocie a un centro penitenciario», remarcó.

Su visión es radicalmente opuesta a la del párroco del actual penal, Txarly Martínez de Bujanda, que en la línea expresada por Manzanos, tacha el proyecto del Ministerio del Interior de «barbaridad». «Las cárceles siguen siendo un gran negocio y punto», explica. No sólo critica la filosofía del proyecto, también su ubicación. «El sitio es el peor que se podía escoger. Es más húmedo, sombrío y no beneficia en nada a los reclusos. Es otra de las barbaridades. Una de las muchas que se vienen cometiendo», lamenta.