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Schwarzenegger propone entregar indocumentados presos al Gobierno federal

12 de enero de 2010

DIARIO HORIZONTE.- El gobernador de California, Arnold, dijo hoy que considera la posibilidad de entregar al gobierno federal indocumentados presos por delitos comunes, si el gobierno federal no aporta al estado más fondos para su custodia y con esto California se ahorra $182 millones de dólares.

El sistema penitenciario estatal de California tiene unos 19 mil indocumentados que se traducen en un gasto de unos 880 millones de dólares anuales, según cálculos del gobernador.

El domingo el gobernador dijo en el programa Meet the press, de la cadena NBC, que la administración Obama debe reponer a California gastos de educación, salud y custodia que realizó durante el mandato del ex presidente George W. Bush.

La administración Schwaerzenegger amenaza con desaparecer el programa de salud Familias Saludables, que atiende a un millón de niños y un programa de asistencia temporal a madres solteras desempleadas, entre otros programas, para balancear el déficit.

Luego de reducir su presupuesto a casi la mitad en dos años, California tiene ahora un déficit de unos 21 mil millones de dólares para los siguientes 18 meses.

El gobernador endureció sus comentarios este lunes al afirmar: "Por qué tendríamos nosotros (los estados) que pagar (por encarcelamiento de indocumentados) cuando se debe a que nuestro gobierno federal tiene una política aletargada en la frontera", cuestionó, en relación a que las leyes de migración estadounidenses son jurisdicción del gobierno federal.

En conferencia de prensa en Torrance, el mandatario estatal dijo: "nosotros no tenemos por que pagar por ellos (los indocumentados). Si ellos no quieren pagar (la administración Obama), que los tomen, son sus presos".

En mayo pasado, el gobernador propuso que además de entregar indocumentados ahora presos al gobierno federal, otros fueran liberados junto con unos 18 mil presos estadounidenses considerados no peligrosos, para aliviar el déficit a California.

El plan de presos fue descartado porque la bancada republicana en la legislatura amenazó con acciones si se ponía en riesgo la seguridad del país al liberar presos.