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El Supremo confirma la anulación de las ayudas del Gobierno de Ibarretxe para visitar a presos fuera del País Vasco

1 de enero de 2010

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en 2005 que anuló la Orden del Departamento de Justicia del Gobierno de Juan José Ibarretxe que convocaba ayudas destinadas a subvencionar desplazamientos para visitar a presos fuera del País Vasco.

LA VANGUARDIA - EUROPA PRESS.- El alto tribunal establece que las ayudas conculcan el principio de territorialidad del Estatuto vasco y condena a la Administración autonómica a pagar 5.000 euros para hacer frente a las costas del litigio. En coincidencia con lo dicho en su día por el TSJPV, el Supremo recuerda que si bien el Gobierno vasco ostenta la competencia en materia penitenciaria, según se señala en los artículos 10.14 y 12.1 del Estatuto de Autonomía, "su ejercicio se halla condicionado por el necesario Decreto de transferencias previo acuerdo de la Comisión Mixta correspondiente, lo que no se ha producido, y por la territorialidad en el ejercicio de sus competencias".

En su recurso, la Administración autonómica esgrimió como título habilitante el de la asistencia social e invocó asimismo la autonomía financiera y la consiguiente capacidad de gasto que ostenta para encuadrar la Orden recurrida "en el ámbito de la actividad de fomento".

A este respecto, la resolución el Supremo, cuyo ponente ha sido el magistrado Jesús Ernesto Peces Morate, recuerda que "desde la perspectiva de la asistencia social penitenciaria, dicho programa habría de quedar referido a los internos de los centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, pues la territorialidad es un límite intrínseco al ejercicio de la competencia". Al promulgar esta Orden de ayudas, aprobada en 2003, "la Administración Autónoma del País Vasco ha incurrido en un exceso en el ejercicio de sus competencias en materia penitenciaria por tener como objeto la asistencia social penitenciaria en centros penitenciarios situados fuera de su territorio", razón por la que el recurso de casación interpuesto en su día por el Gobierno vasco "no puede prosperar", según el alto tribunal.

Las ayudas para sufragar viajes a familiares de presos fueron concedidas por última vez en marzo de 2009, poco antes del cambio de Gobierno en el País Vasco, con un coste de 225.081 euros. Fueron concebidas como una "asistencia social" destinada cubrir los desplazamientos de personas que contaran con una renta inferior al triple del salario mínimo interprofesional.

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EL PNV RESPETA LA SENTENCIA DEL TS Y DICE QUE SE TRATA DE AYUDAS SOCIALES

ECODIARIO - EFE.- El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha afirmado hoy que su partido respeta la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que establece que las ayudas a las familias de los presos no son competencia del Gobierno vasco, pero ha precisado que se trata de ayudas sociales para los traslados de los familiares.

"No fueron ayudas por el hecho de ser familiares de presos, sino que se enmarcan en las partidas de Acción Social del Gobierno vasco y de los ayuntamientos", según ha dicho, con el objetivo de sufragar las visitas de los parientes de presos internos en centros penitenciarios fuera de Euskadi.

Urkullu se ha referido así, en declaraciones a los medios de comunicación, al fallo del TS, conocido hoy, que considera que el anterior Gobierno vasco, presidido por Juan José Ibarretxe, incurrió en un "exceso" en el ejercicio de sus competencias en materia penitenciaria al conceder estas ayudas.

El dirigente nacionalista también se ha referido al inicio hoy de los seis meses de presidencia española de la UE y tras destacar que "todavía no hemos escuchado ninguna iniciativa de Rodríguez Zapatero para este mandato", ha resaltado que el PNV espera de este semestre que el País Vasco "tenga un puesto en las instituciones europeas en aquellas materias que afectan a la vida de la sociedad vasca".

Ha indicado también que el presidente del Gobierno español se enfrenta a "una tarea ímproba" ya que "tiene como reto pendiente la salida de la crisis cuando el Estado español está en el furgón de cola de la toda la UE".