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MALOS TRATOS: DE 1.012 FUNCIONARIOS DENUNCIADOS, SÓLO 135 HAN SIDO CONDENADOS

Coordinación para la Prevención de la Tortura: “La tortura perdura de forma sistemática en el Estado español”

13 de junio de 2009

El Informe de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, sobre malos tratos y torturas en 2008, recientemente hecho público, recopila 247 casos de denuncias que han afectado a 579 personas. 63 de los denunciados eran funcionarios de prisiones. NOTA DEL EQUIPO EDITOR: Se adjunta gráfico extraído de la misma publicación - DIAGONAL - en la que aparece el texto que a continuación se inserta.

DIAGONAL (ALVAR CHALMETA).- Es “obligación del Estado asegurar que toda declaración que se establezca que ha sido efectuada como resultado de la tortura no pueda ser invocada como evidencia en ningún procedimiento”. Este principio básico de la Convención contra la Tortura de la ONU es el que invoca Theo Van Boven, anterior Relator Especial de Naciones Unidas, en una carta pública dirigida a la sociedad y al Estado español para recordarles sus obligaciones.

Van Boven se refería en su carta al inicio, el 28 de mayo, del juicio en la Audiencia Nacional contra 14 alaveses imputados por las operaciones de la Guardia Civil entre agosto de 2001 y julio de 2002 y acusados de delitos relacionados con el terrorismo. Entre ellos se encuentra Unai Romano, cuya foto con el rostro deformado por los golpes tras pasar por dependencias policiales ha recorrido el mundo como evidencia de la práctica de las torturas. Van Boven recuerda que se entrevistó personalmente con el joven durante su última visita de inspección al Estado español. Pero finalmente y pese a que la acusación contra los 14 jóvenes se basaba en sus testimonios, un tribunal de la Audiencia Nacional ha condenado a cada uno de ellos a dos años de cárcel. De nada sirvió que los jóvenes denunciaran las torturas empleadas para la obtención de sus declaraciones.

Todos los procesos iniciados por Unai Romano, así como por el resto de los imputados, ante instancias judiciales españolas han sido archivados.

El caso de Romano ha sido considerado como paradigmático por la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT), una plataforma integrada por 45 organizaciones de defensa de los derechos humanos. En la presentación de su investigación sobre los malos tratos en el Estado español durante el año pasado, la CPT afirmaba en un comunicado “que la tortura es un mal que perdura de forma sistemática”. Y reclamaba para su erradicación el reconocimiento de la existencia de torturas por parte del Estado y la abolición de la detención incomunicada y el aislamiento penitenciario, “por ser éstos los espacios de impunidad”.

El informe (prevenciontortura- .org/spip/documents/Informe- 2008.pdf), que recopila 247 casos de denuncias que han afectado a 579 personas, constata que las acusaciones se dan contra todas las fuerzas de seguridad y en todo el territorio. La Coordinadora constata que de un total de 1.012 funcionarios denunciados por estos delitos, sólo 135 de ellos han sido condenados.