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Las funcionarias se rebelan por trabajar con los reclusos

1 de junio de 2009

ABC (DAVINIA DELGADO).- Cuando Lourdes (nombre ficticio bajo el que prefiere guardar su identidad) tomó la decisión de opositar para ocupar un puesto como funcionaria de prisiones, jamás se imaginó que tendría que estar en un patio con más de 140 reclusos. De hecho, la plaza para la que se preparó dejaba claro que trabajaría con mujeres. Y ahora, siente una gran indignación con el «engaño» que ha supuesto esta medida.

En esta situación se encuentran otras 19 empleadas del centro penitenciario de Córdoba, y unas 2.000 en toda España. Éste ha sido el resultado de la la Ley de Igualdad de marzo de 2007, que trasladada a los presidios, obliga a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a hacer un cuerpo de funcionarios mixto.

La medida viene aplicándose en la prisión de Alcolea desde el pasado mes de abril, junto a los centros de Lanzarote, El Puerto II y Huelva. Aunque en este último penal se ha logrado que se reconozca el derecho de las trabajadoras a ejercer el puesto de trabajo del que son titulares.

Las últimas convocatorias de funcionarios han sido abiertas para hombres y para mujeres, pero la idea de generalizar esta situación en el año 2010 ha sublevado a las empleadas de varias comunidades.

Después de haber trasladado su oposición a la supresión de puestos de trabajo diferenciados a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a la ministra de Igualdad y al Defensor del Pueblo, «hemos decidido crear una plataforma a nivel nacional para intentar defender nuestros derechos, ante el silencio de todos los entes a los que nos hemos dirigido; ni siquiera los sindicatos están actuando», declaró Lourdes.

También han mantenido varias reuniones con la directora de la prisión cordobesa, Ana Isabel Martín, «y no nos queda otra alternativa que utilizar todos los medios para defendernos».

Según estas funcionarias, la máxima responsable del centro hace «oídos sordos» a sus reclamaciones y «no entendemos el concepto de legalidad que ella tiene y la propia Secretaria General, ya que vulnerar los derechos de sus trabajadoras significa que se cumple la ley».

FUTURO INCIERTO

La trabajadora aseguró que «estamos involucradas en nuestro trabajo; de hecho, algunas de nosotras contamos con 15 a 20 años de antigüedad y ahora nos vemos obligadas a hacer lo que nunca nos hubiéramos imaginado», bien dejando el trabajo de interior y pidiendo el traslado a oficinas, o trabajar en contacto directo con reclusos, sacrificando su experiencia para acabar en puestos menos remunerados, «mientras que los de las funcionarias son ocupados por hombres».

Añadió que «resulta totalmente injusto que, a las que no comparten la medida, nos pongan en esta disyuntiva porque, de esta manera, nos están impidiendo promocionarnos si optamos por el traslado; los puestos mejor retribuidos son los más conflictivos. Estamos perdiendo posiciones por defender nuestros derechos. ¿Esto es igualdad? Es indignante», señaló.

Esta situación, según manifestó, «conlleva un desgaste psicológico y una presión permanente que en algunos centros ha derivado en bajas laborales».

Hasta octubre, la funcionarias están en puestos menos conflictivos, «pero a partir de ese mes, la unificación será plena. Entonces, tendremos que ir al patio o a cualquier otro módulo que implica un mayor contacto con los presos...No quiero ni pensarlo. Respeto a la que esté de acuerdo, pero ése no es el puesto para el que me preparé».

Otra funcionaria con la que habló ABC y que tampoco comparte la idea de tener que vigilar a los internos, lo tiene más claro: «Considero que se está atentando contra nuestros derechos, se nos está discriminando. Y no estoy dispuesta a asumir más riesgo. No es lo mismo estar con mujeres que con hombres. Tu integridad física está más en juego», apuntó.

Plantean situaciones «difíciles de controlar que, «parece que a nadie se le ha pasado por la cabeza». «Nosotras trabajamos con mujeres y no tenemos problemas con ellas, pero si nos vemos envueltas en una reyerta de hombres, ¿qué podemos hacer?», indicó otra de las 19 afectadas por la medida.

La mayoría teme, asimismo, que algunos colectivos, como los musulmanes o los gitanos, se nieguen a obedecer sus órdenes, lo que crearía un conflicto añadido a los que ya se plantean de forma habitual. Incluso para las mujeres reclusas puede ser un retroceso en su calidad de vida, pues «a nosotras nos cuentan sus cosas con libertad y a un hombre no. Ejercemos un poco de psicólogas y ellas, y se sienten mucho más a gusto con funcionarias». «Además, hay mujeres que ha sufrido malos tratos y tienen miedo de todo», añadió la trabajadora.

«Por ello, reivindicamos a las autoridades competentes que se garantice de forma reglada el respeto al puesto de trabajo obtenido por concurso». Las empleadas se sienten «engañadas» por una ley hecha para la mujer, pero que actúa «en nuestro detrimento, por un concepto como libertad de elección que se traduce en imposición por un principio tan lleno de contenido como es de la igualdad, que se ha convertido en discriminación».