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Un sistema entre rejas

24 de mayo de 2009

La demanda de plazas penitenciarias no para de crecer. Parece que no cabe otra solución que crear más cárceles. Sin embargo, desde el mundo asociativo defienden otro modelo. Un sistema que ponga el acento en la prevención y las penas alternativas. ¿Es posible?

DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA.- Las cárceles españolas acogían en febrero de este año, según las últimas estadísticas que ha anunciado el Ministerio del Interior, a 56.253 internos. Los datos no han parado de crecer en los últimos años. Había 48.000 reclusos a finales de 2006, cerca de 50.000 en 2007 y casi 55.000 en 2008. Las cifras, según se miren, pueden interpretarse como un reflejo del aumento demográfico, de la crisis, del fallo de las medidas de prevención del delito... Lo que está claro, en cualquier caso, es que el Estado necesita de forma permanente plazas penitenciarias. ¿O no? Desde diversas asociaciones se apuesta por un modelo diferente, más basado en la reinserción y menos en los barrotes.

En Álava, el proyecto de la cárcel de Zaballa ha reabierto este debate. Más allá de la polémica por su afección medioambiental, partidos como EA y sindicatos como ELA ya han mostrado sus reticencias en torno a lo que han bautizado como una macrocárcel : ocuparía una superficie similar a nueve campos de fútbol y tendría 720 celdas. Desde Instituciones Penitenciarias, en una visita a Iruña Oka, ya se reconoció que celdas no equivale a plazas, puesto que la ocupación de esos espacios dependería de la demanda.

El caso alavés no es el único, y no hay que ir muy lejos. En Pamplona se plantea crear una prisión con 600 celdas, por las 280 de la actual. Desde asociaciones de apoyo a los presos como Salhaketa temen que este crecimiento no venga acompañado de un mayor apoyo a recursos de inserción. "Parece que la sociedad sólo entiende las cárceles como una cuestión económica, de inversión en cemento, pero aquí hay gente viviendo. Y se requieren servicios de control sanitario, plazas de profesionales...", apunta Manolo Ledesma, de Salhaketa Navarra.

El temor de estas asociaciones es que prolifere el modelo de macrocárcel que, por ejemplo, se ha asentado en Andalucía. La comunidad acoge en la actualidad 14 infraestructuras de este tipo, una muestra de que "el Estado pretende apartar a la gente peligrosa y alejarla de la sociedad. Las cárceles son basureros de personas", cuenta el abogado Valentín Aguilar, integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH). Asegura que esta apuesta, simplemente, por el aumento de las plazas se traduce en una despersonalización del trato, así como en un olvido del tratamiento de las drogodependencias -un 80% de los reclusos padece estas adicciones- y los trastornos mentales -un 40%-.

Estas asociaciones creen que el Gobierno central, que entre sus promesas electorales incluyó la de asegurar un recluso por plaza penitenciaria -pero no se ha cumplido-, prefiere ceder a las presiones del lobby económico penitenciario que plantearse otros modelos. Este rotativo ha intentado sin éxito contar con el punto de vista de Instituciones Penitenciarias a este respecto.

Es evidente, en cualquier caso, el imparable aumento de la población reclusa en el Estado. Desde 1995 y 2003, con las sucesivas reformas del Código Penal, han aparecido nuevos delitos, se han endurecido las penas y "en las prisiones no se llega al tercer grado", explica Aguilar. Es decir, entra más gente y sale menos.

El ideal de entidades como APDH pasa por reducir las prisiones a su mínima expresión. Es decir, seguir el modelo de países nórdicos como Noruega y Finlandia, donde se desarrollan políticas de apoyo a los sectores sociales más reprimidos y se apuesta por centros de tratamiento en lugar de celdas. Apostar más por la prevención que por el castigo.

¿OTRO MODELO ES POSIBLE?

El Departamento vasco de Justicia, en este sentido, maneja desde 2005 un informe para aplicar un nuevo modelo penitenciario en Euskadi. Se trata de un "primer paso", según reza el documento, que respete los derechos de los presos pese a su privación de libertad.

Critica, así, la "lamentable" situación de las cárceles vascas y apuesta por crear una red de centros de inserción social, sanitarios, psiquiátricos, unidades dependientes y extrapenitenciarias. La peculiaridad de este modelo, según explica uno de sus responsables, el sociólogo César Manzanos, es que puede aplicarse sin la reivindicada transferencia de la materia penitenciaria a Euskadi.

La llegada de Patxi López a Ajuria Enea ha generado expectativas a este respecto. Catalunya ya ostenta estas competencias y se ha convertido en un modelo a seguir. De sus 10.365 reclusos actuales, apenas 132 cumplen condena por delitos de tráfico. Sin embargo, otros 8.620 afrontan la pena en medio abierto, ofreciendo servicios en beneficio de la comunidad. "No todo se resuelve tras los muros de la cárcel", apunta la consejera catalana de Justicia, la socialista Montserrat Tura.

Esta representante de la Generalitat valora que, desde hace cinco años, Catalunya ha experimentado "una revolución" en su gestión del sistema penitenciario: "Y no veo inconveniente en que otros gobiernos quieran asumir estas competencias. Siempre que no se vean como un problema, sino como una aportación a la seguridad del país y al respeto de los Derechos Humanos".