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Zamora: Prisiones reserva el terreno de Defensa en Las Chanas para la nueva cárcel

5 de marzo de 2009

Los sindicatos aúnan esfuerzos para reclamar que se construya un centro penitenciario tipo con el fin de descongestionar el de Topas. Cuadrado considera «razonable y viable» sustituir el centro para drogodependientes por una prisión convencional.

NORTE DE CASTILLA (ASUN GARCÍA).- La Gerencia de Infraestructuras de Defensa tiene ya reservados los terrenos en el pago de Las Chanas para el nuevo centro penitenciario de la capital que, en principio y según los planes del Ministerio del Interior, sería un centro específico para reclusos drogodependientes. Así lo aseguró ayer Jesús Cuadrado, diputado nacional del PSOE por Zamora y portavoz de este grupo en la Comisión de Defensa del Congreso. Cuadrado explicó que está previsto por Ley que si un ministerio necesita un bien del propio Estado y éste no se está utilizando, ese ministerio tiene preferencia para el uso, «así que la previsión de suelo es evidente, puesto que Defensa no va a utilizar ese terreno».

Esta confirmación se produce justo cuanto los sindicatos de prisiones han hecho pública su demanda conjunta de que la nueva cárcel que se construya en Zamora sea una prisión tipo y que, dada la masificación en los centros penitenciarios y que se va a aprobar un nuevo plan de centros, se modifique la previsión inicial sobre el modelo de centro en la ciudad.

En concreto, los representantes de Acaip, CC. OO., CSI-Csif, UGT y FSP proponen una prisión de tamaño medio -sin necesidad de llegar a un edificio de la capacidad de Topas (1.000 plazas)-, similar al que se proyecta en Villena (Alicante), que tendrá capacidad para 800 celdas, explicó Teo Movilla, de CC. OO.

En la misma línea de la solicitud planteada por UGT a la ejecutiva municipal del PSOE, los sindicatos de prisiones justifican la construcción de una cárcel convencional por que el centro daría solución al sostenido incremento de la población reclusa. Así, exponen que actualmente hay una carencia de 20.000 plazas para reclusos y se prevé un progresivo incremento hasta el 2010, «que suponemos que será mayor que hasta ahora debido a la crisis».

SATURACIÓN PELIGROSA

Estos datos trasladados al entorno más próximo se traducen en un incremento de 402 internos en Castilla y León en menos de dos años. Y, en el caso de la prisión de Topas, la sobrecarga es evidente, si se tiene en cuenta que el número de internos es de 1.750, de los cuales en torno al 35% son de origen extranjero, cuando la capacidad es para y un millar de reclusos.

Precisamente, a esta masificación se atribuye la reyerta ocurrida el pasado lunes en la cárcel de Topas, como insistió Miguel Martín, de UGT. Tanto éste, como el representante de Acaip, José Manuel Salvador, subrayaron que no fue un hecho puntual por una discusión de fútbol, sino más bien un ajuste de cuentas. Indicaron que se vieron involucradas dos bandas, una de reclusos de color y otra de blancos (aunque no fue por cuestiones racistas) y que, dada la sobreocupación de la cárcel, es muy difícil establecer una clasificación interna para distribuir a los reclusos con muy mal comportamiento. Alertaron, además, que dada la tensión por la masificación en el centro, no sería raro que vuelvan a producirse hechos de este tipo.

De ahí que consideren imprescindible la construcción de una prisión en Zamora que contribuiría a descongestionar la de Salamanca.

Argumentan, además, que Zamora, junto con Huesca, es la única provincia del país en la que no hay un centro penitenciario, y es algo obligado por ley. Y, a diferencia de otras provincias, como Villena, Soria o el País Vasco, no hay rechazo social a la construcción de una cárcel; al contrario, la iniciativa cuenta con el apoyo de la población, de los partidos políticos y de los agentes sociales.

Los sindicalistas recordaron el compromiso del Gobierno de construir el centro penitenciario en Zamora, la inclusión de partidas para ello en los Presupuestos Generales del Estado en los tres últimos años -para este año se aprobó una enmienda socialista por la que se incluyó una partida de 400.000 euros- y la «voluntad manifiesta» expresada por la secretaria de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, de llevar a cabo el proyecto. De forma que los sindicatos exigen que empiecen las obras este mismo año porque «el retraso en la construcción está incrementando año a año su coste».

UBICACIÓN

Si, como afirma Cuadrado, el problema de los terrenos está resuelto, se habría superado uno de los principales inconvenientes para la construcción del nuevo centro, con negociaciones entre le Ayuntamiento y Defensa que se arrastran desde el anterior Gobierno municipal y que todavía se abordó en el último pleno.

Los sindicatos no han puesto objeciones a la ubicación del centro, aunque sí indicaron que sería preferible lo más cerca posible del casco urbano por evitar desplazamientos, tanto por el coste como por el riesgo de accidentes.

El parlamentario socialista considera «razonable» la propuesta de los sindicatos y no ve problema en que se modifique la iniciativa de centro de drogodependientes por una prisión convencional, puesto que no está elaborado el proyecto. En este momento existe un anteproyecto para un centro específico con un coste de 60 millones de euros y 300 puestos. Una cárcel tipo tendría un coste más elevado, pero sería válida la partida de 400.000 euros y los terrenos, afirmó Jesús Cuadrado.

El diputado del PSOE se mostró dispuesto a trasladar la petición de los sindicatos a la secretaria de Instituciones Penitenciarias con quien se va a reunir la próxima semana.