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El Ayuntamiento de Pamplona recurre al Supremo la cárcel en Santa Lucía y pide que se paren las obras

4 de febrero de 2009

No ve "supuestos excepcionales" para eximirla del estudio de impacto ambiental. Considera que la urgencia no es tal cuando el proyecto lleva desde 1991 previsto.

NOTICIAS DE NAVARRA (MARIVI SALVO).- Ni la urgencia de construir una cárcel (dado que ya estaba prevista desde 1991) ni que se trate de un proyecto de "interés general" -las razones que alega el Estado- son, a juicio del Ayuntamiento de Pamplona, "supuestos excepcionales" para que se exima a la cárcel de Soltxate-Santa Lucía "de un trámite que resulta fundamental", el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Así lo ha entendido ahora el Ayuntamiento, que ayer anunció la presentación de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2009 que eximía al proyecto de cárcel del EIA. Además, el Ayuntamiento instará, mientras no se resuelva, a la "suspensión del acto", es decir, a la paralización de las obras.

La interposición del recurso, que ya le fue solicitada al Ayuntamiento de Pamplona por la Asociación de Vecinos de San Jorge-Sanduezelai, y el grupo de NaBai, se basa, según señaló el concejal delegado de Urbanismo, Juan Luis Sánchez de Muniáin, en un informe de los servicios jurídicos, que determina que "el proyecto no se ajusta" a la previsión normativa "que permite excluir en supuestos excepcionales y mediante acuerdo motivado", la evaluación ambiental de un proyecto.

La cuestión planteada por el Ayuntamiento se centra en determinar si el supuesto de la construcción del nuevo centro penitenciario "merece la consideración de excepcional", y al respecto Sánchez de Muniáin precisó que no existe "ni situación extraordinaria ni de imposible previsión", como contempla una sentencia del Constitucional. Así, Sánchez de Muniáin, indicó que "la única razón" que el Estado alegó para no desarrollar dicho estudio fue la urgencia, pero "a estas alturas, dado que del proyecto ya estaba previsto en 1991 y nunca ejecutado, no es una excusa excepcional", y señaló "lo previsto nunca puede ser imprevisto", más aún, "estaríamos ante un retraso injustificado de la ejecución del proyecto, que la Administración responsable pretende utilizar, paradójicamente, como habilitación para excluir un trámite que resulta fundamental para determinar el contenido y ubicación del proyecto".

Ante ello, el edil indicó que al Ayuntamiento no le queda otra que recurrir ante el Supremo para "evitar un error de imposible reparación en el futuro" y reconoció que dicho recurso podría contemplar la suspensión de las obras, desaconsejar la ubicación u otro tipo de medidas alternativas al proyecto actual. No obstante, dijo que el Consistorio mantiene la disposición a colaborar con el Gobierno central, pero ha denunciado que exista un deber de cooperación entre ambas instituciones "como principio básico" que "claramente ha sido negado a este Ayuntamiento", concluyó.