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Según un magistrado del TS, el reingreso a prisión del 'violador de la Vall d'Hebron' vulnera su derecho a la libertad

27 de noviembre de 2008

José Rodríguez Salvador fue excarcelado en 2007 tras ser condenado a más de 300 años en 1995

EUROPA PRESS.- El Tribunal Supremo hizo público hoy el contenido de la sentencia en la que ordena a la Audiencia de Barcelona aplicar la 'doctrina Parot' a José Rodríguez Salvador, conocido como el 'violador de la Vall d'Hebron', lo que supuso su reingreso en prisión el 7 de noviembre. La resolución fue aprobada pese al voto discrepante del magistrado Luciano Varela Castro, quien considera que se está vulnerando el derecho a la libertad del convicto.

Varela considera que la decisión supone "una flagrante vulneración, no solamente del derecho a la tutela judicial efectiva, al imponer la cesación de efectos de una decisión jurisdiccional firme, sino del derecho a la libertad, pues aquella implica un plus de condena de varios años a quien el Estado, a través del Poder Judicial había decidido fijar el día en que había de ponérsele en libertad".

Asimismo, critica que, cuando el Tribunal Supremo adoptó el criterio conocido como la 'doctrina Parot' --aplicada por primera vez al terrorista de ETA Henri Parot-- "ya se habían producido dos hechos": "la comisión de los delitos y el comienzo de ejecución de las penas del aquí condenado y la decisión jurisdiccional que interpretaba en el sentido de la recurrida el modo en que dichos beneficios debían aplicarse".

El magistrado critica al Ministerio Público por haber solicitado la revisión de "la liquidación efectuada varios años antes" y con la conformidad de la Fiscalía, en base a la nueva doctrina jurisprudencial y no por "la provisionalidad de la liquidación" de la pena. "Lo que no es revisable es la fijación del criterio con que la liquidación debe hacerse", señala en el escrito.

Pese al voto discrepante de Varela, el Tribunal Supremo ordenó el reingreso de Rodríguez Salvador alegando que los beneficios y redenciones deben ser aplicados a las distintas penas por las que el reo se encuentra en prisión y no al límite máximo de privación de libertad que, en su caso, fue fijado en 20 años.

"Si el límite máximo de privación de libertad no es una pena, ningún beneficio penitenciario puede repercutir en el mismo", defiende el alto tribunal, que además considera que "ninguna duda cabe que los beneficios y redenciones de las que se haya hecho acreedor el reo deberán ser aplicados a dichas penas que el penado esté cumpliendo".

La Sala Segunda del Supremo ya adelantó el pasado día 6 de noviembre vía fax a la Audiencia de Barcelona su fallo sobre la petición de la Fiscalía, quien se opuso a la excarcelación José Rodríguez Salvador, condenado en 1995 a 344 años y cinco meses de cárcel por 17 violaciones, varios intentos de agresión sexual, un robo con intimidación, varios raptos y amenazas.

Estas penas impuestas fueron acumuladas en su día, estableciéndose finalmente el límite máximo de cumplimiento efectivo en 20 años de prisión, pero fue puesto en libertad tras 16 años de condena gracias a que se aplicaron los beneficios penitenciarios al máximo legal que podía cumplir y no a los 344 años.

La sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Diego Ramos Gancedo confirma la aplicación de esa doctrina exponiendo que "condenada una persona a doce penas (en el mismo o distintos procesos) que sumen 100 años de prisión, y establecido el límite máximo de cumplimiento, en veinte años, habrá de empezar a cumplir la más grave de aquéllas, a la que le serán aplicables los beneficios correspondientes a la misma".

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