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La investigación sobre el trapicheo en Villabona comenzó por una carta de un ex banquero y se alimentó en un prostíbulo

17 de junio de 2008

LA NUEVA ESPAÑA (I. RONZON).- La investigación que culminó en el alijo encontrado en noviembre de 2004 se inició con una carta que un conocido ex bancario asturiano, que entonces cumplía una condena de diez años de prisión por tráfico de drogas, envió al actual director de Villabona, José Carlos Díez de la Varga. Éste se había incorporado al cargo sólo ocho días antes.

En la misiva, el ex bancario hablaba del «trapicheo» que se estaba produciendo en el módulo de ingresos, según explicó ayer el subdirector de seguridad del centro penitenciario. Así, el contenido de la carta se fue haciendo más fuerte, con «declaraciones confidenciales de otros internos» y con el «chivatazo» de uno de los acusados. Según el subdirector, César Luis Ll. le «sopló» a él personalmente que en el módulo de ingresos «había algo importante» y que si no iban rápido a por ello, «podía volar». Los funcionarios se pusieron manos a la obra.

El preso les dijo aún más: que lo que buscaban estaba en la zona «de la derecha» del almacén. Y allí encontraron el alijo. En los rumores que había en la prisión, explicó, «no estaba implicado César Ll.». De hecho, una vez que se encontró la droga, el interno continuó con su ocupación de ordenanza del módulo de ingresos, por la colaboración que había prestado y porque no se sospechaba que pudiera estar involucrado en el delito.

Al parecer, lo que ocurría era un secreto a voces. La inspectora de Instituciones Penitenciarias que realizó la investigación administrativa aseguró ayer que la primera vez que escuchó el nombre del funcionario acusado fue de boca de Regino S. P. Este interno, explicó, le aseguró que había coincidido con el trabajador penitenciario alguna vez en el club de alterne Models (Siero) «y que alguna prostituta le había dicho que introducía droga en la cárcel para poder mantener su nivel de vida tras su separación matrimonial». En su declaración de ayer, el funcionario admitió que acudía «una o dos veces al mes» a ese club.

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DOS PRESOS DELATARON AL FUNCIONARIO ACUSADO DE METER DROGA EN PRISION, SEGÚN UN INFORME

Los internos atribuyen sus declaraciones a «coacciones», niegan saber nada del alijo y apuntan que la inspectora autora del expediente miente

LA NUEVA ESPAÑA

Una inspectora de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, instructora de la información reservada que se abrió en Madrid por el alijo de hachís y cocaína encontrado en la cárcel de Villabona en noviembre de 2004, aseguró ayer que dos presos de la cárcel asturiana señalaron al funcionario A. G. T., con nombre y apellidos, como el responsable de introducir la droga en el centro. Al parecer, lo sabían porque supuestamente colaboraban con él. Uno de ellos, Regino P. S., firmó su declaración. El otro, Roberto Carlos M. M., «el Canario», no. Según la inspectora, tenía miedo a «posibles represalias».

El juicio contra A. G. T., el primero que se celebra en Asturias contra un funcionario de prisiones por un delito contra la salud pública, comenzó ayer en la sección segunda de la Audiencia Provincial. El fiscal especial antidroga del Principado, José Perals, reclama para él una condena de trece años de prisión y el pago de una multa de 12.000 euros. Según Perals, el funcionario se aprovechaba de su condición de trabajador penitenciario para ir metiendo distintas cantidades de droga dentro de la cárcel, a lo largo de 2004. Junto a él se sientan en el banquillo de los acusados los dos reclusos que supuestamente lo señalaron, Regino P. S. (el fiscal pide para él nueve años y medio) y «el Canario» (doce), y dos internos más: Guillermo G. Q., alias «el Venezolano», para quien Perals pide doce años, y César Luis Ll. G., que se enfrenta a una posible condena de nueve años. Para todos ellos se solicita también el pago de multas de 12.000 euros.

La inspectora, Mar Rodríguez Pérez, llegó a la cárcel de Villabona el 30 de noviembre de 2004, trece días después de que se encontrara el alijo en el almacén del módulo de ingresos de la prisión. En total, se localizaron tres planchas de hachís, de un peso total de 737,39 gramos y una riqueza del 7,50 por ciento, varios envoltorios con cocaína, con un peso de 35,97 gramos y una riqueza del 59 por ciento, y 854,50 euros en metálico. La totalidad de la droga incautada fue valorada en 6.587,73 euros.

Según apuntó Rodríguez Pérez, Regino P. S. declaró en su presencia, y firmó, que el funcionario introducía droga en la cárcel por las noches, en una mochila, aprovechándose de que los trabajadores no son sometidos a ningún tipo de control o registro. Según el informe elaborado por la inspectora, en el que se apoya la acusación del fiscal, el funcionario supuestamente «pasaba» la mercancía para «el Venezolano», que en aquel momento se encontraba en situación preventiva por haber introducido en España casi un kilo de cocaína (finalmente fue condenado a seis años y medio de prisión).

El funcionario y «el Venezolano» coincidieron en el módulo ocho de Villabona. El interno ocupaba el puesto de encargado de comedor. Según el fiscal, en el comedor general del centro coincidió con otro de los acusados, «el Canario», que cumplía condena por dos delitos de tráfico de drogas (en total, una pena de diez años y medio). Perals sostiene que «el Canario» era el encargado de recoger la droga y guardarla en el almacén de ingresos. Para ello, era supuestamente ayudado por César Ll., que entonces era ordenanza de confianza en ese módulo y supuestamente tenía acceso a las llaves.

Durante la sesión de ayer, Regino y «el Canario» aseguraron que su «confesión» ante la inspectora de Instituciones Penitenciarias se debió a supuestas coacciones que supuestamente recibieron por parte de la dirección del centro, para que declararan «una versión que ya estaba elaborada de antemano» y que acusaba al funcionario. Tanto la inspectora como el subdirector de seguridad del centro penitenciario y su director, José Carlos Díez de la Varga, que también declararon ayer, negaron este extremo.

El juicio continuará hoy, con la declaración de más testigos y los informes finales del fiscal y las defensas de los acusados, representadas por Sergio Herrero, Ana García Boto, Ana Gloria Rodríguez González, Sara González Sancho y Verónica Ríos.